EL SALVADOR. Alcaldes, cohetes soplados de Bukele y su partido «Nuevas Ideas».

Verborrea Presidencial: «Corruptos, Extorsionadores y Mafiosos». Al hablar de sus alcaldes: Que le salieron cohetes soplados.

En un reciente discurso cargado de retórica y balbuceos, el presidente no tardó en lanzar una de sus frases más controvertidas: «En los distritos se está actuando como corruptos, extorsionadores y mafiosos».

Esta declaración, que busca desviar la atención de su propia responsabilidad en la crisis del municipalismo, ha generado una ola de indignación y críticas entre la ciudadanía. María y Juan Pueblo, como siempre, no se ha quedado callados y han respondido con una pregunta incisiva:

«¿Y qué no son de su elección y escuela, pues… qué esperaba que fueran?».

El presidente, en su intento por deslindarse de los errores de sus alcaldes, ha caído en una ironía difícil de ignorar. Estos funcionarios, lejos de ser ajenos a su gobierno, son producto de su propio sistema político. Fueron elegidos bajo su aval, promovidos en sus campañas y formados en su escuela de autoritarismo y centralismo. Por lo tanto, acusarlos de «corruptos, extorsionadores y mafiosos» no solo es una admisión de fracaso, sino también un reconocimiento implícito de que su modelo de gobierno ha generado este tipo de liderazgos.

Elección y aval presidencial: Durante las campañas electorales, el presidente no solo apoyó a estos alcaldes, sino que los presentó como los candidatos idóneos para liderar los municipios. Su respaldo fue clave para su elección, lo que hace que su crítica actual resulte hipócrita.

Formación en la escuela del autoritarismo: Los alcaldes han replicado el estilo de gobierno del presidente: vertical, autoritario y con poca tolerancia a la crítica. Si hoy actúan como «mafiosos», es porque han aprendido de su mentor.

La reacción de la ciudadanía no se ha hecho esperar. Juan Pueblo, con su característico sentido común, ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar las expectativas del presidente.

«¿Qué esperaba que fueran?», es la pregunta que resuena en las calles, los mercados y las redes sociales. Y es que, en realidad, el comportamiento de los alcaldes no es más que el reflejo de un sistema político que prioriza la lealtad sobre la capacidad, el control sobre la transparencia y el poder sobre el servicio.

Lealtad sobre mérito: Los alcaldes fueron seleccionados no por su capacidad para gestionar, sino por su lealtad al partido y al presidente. Esto ha resultado en una falta de preparación y un desinterés por las necesidades locales.

Cultura de la impunidad: Al sentirse respaldados por el poder central, muchos alcaldes han actuado con un sentido de impunidad, creyendo que sus errores no tendrían consecuencias. Esta cultura ha sido fomentada desde arriba, con el presidente como principal ejemplo. Si con el estilo y forma hacen fiel al estribillo que manejan «Somos del partido del presidente y podemos Joder a la gente».

El presidente, en su intento por desviar la atención, ha caído en un doble discurso que no pasa desapercibido. Por un lado, critica a los alcaldes por su corrupción e ineptitud; por otro, ignora que son el resultado de su propio sistema político. Este doble discurso no solo es incoherente, sino también una muestra de la desconexión entre el gobierno y la realidad de las comunidades.

Falta de autocrítica: En lugar de reconocer su responsabilidad en la crisis del municipalismo, el presidente prefiere culpar a los alcaldes, como si fueran entes ajenos a su gobierno. Los municipios son el reflejo de lo que han creado feudos que viven de su sistema de poder que los mantiene como peones autómatas sin capacidad decisional ni lealtad a los pueblos que gobiernan en pequeño.

Estrategia de distracción: Al culpar a los alcaldes, el presidente busca distraer la atención de su propia responsabilidad en el desmantelamiento del municipalismo y la concentración de poder.

La verborrea presidencial y la respuesta de Juan Pueblo dejan en evidencia una verdad incómoda: los alcaldes no son más que el reflejo del sistema político que el presidente ha creado. Si hoy actúan como «corruptos, extorsionadores y mafiosos», es porque han sido formados en una escuela de autoritarismo, impunidad y centralismo.

La pregunta de Juan Pueblo, «¿Qué esperaba que fueran?», no solo es una crítica al presidente, sino también un llamado a la reflexión sobre el tipo de liderazgos que se promueven desde el poder. Si queremos un futuro donde los municipios sean gestionados con transparencia y eficiencia, es crucial cambiar el modelo político que ha dado lugar a estos errores. De lo contrario, seguiremos viendo cómo la omnipotencia y la impunidad destruyen las bases de la democracia y el desarrollo local.

En un contraste evidente con la verdadera vocación de servicio, que se nutre de la empatía, la transparencia y el compromiso con las comunidades, los alcaldes del presidente en los Territorios han encarnado todo lo contrario: una omnipotencia fallida que ha derivado en errores garrafales. Lejos de ser servidores públicos, muchos de estos funcionarios han actuado como peones de un sistema autoritario, priorizando la lealtad al partido y la acumulación de poder sobre las necesidades urgentes de la población.

Su gestión, marcada por la corrupción, la ineptitud y el abuso de autoridad, no solo ha dejado a los municipios en el abandono, sino que también ha justificado el desmantelamiento de la autonomía local, consolidando un modelo centralista que ahoga cualquier posibilidad de desarrollo comunitario. Mientras la verdadera vocación de servicio construye puentes, estos alcaldes han cavado abismos, demostrando que su lealtad no es hacia el pueblo, sino hacia los intereses de quienes los colocaron en el poder.

Mientras tanto la ciudadanía se encuentra dividida entre la realidad y el deslumbre de un pueblo distraído de sus realidades donde muchos aprueban y dan beneficio de la duda, en lugar de cuestionar las decisiones del gobierno, las justifican o las apoyan sin considerar el impacto negativo en la población. El llamado implícito es a que los ciudadanos despierten, ejerzan sus derechos y exijan transparencia y responsabilidad por parte de sus gobernantes.

En un giro que evidencia la desconexión total con las necesidades de la población, los «alcaldes del presidente en los Territorios» han optado por apretar donde la pita es más delgada: el bolsillo del ciudadano. Ante la decisión del gobierno central de ahuecar el apoyo constitucional del FODES, estos funcionarios, lejos de buscar soluciones creativas o defender los intereses de sus comunidades, han respondido con ordenanzas, tasas y tarifas asfixiantes y leoninas. Estas medidas no solo han castigado a los ciudadanos, sino que también han dejado en evidencia cómo las malas decisiones del gobierno central terminan siendo pagadas por quienes menos tienen.

«Este es un país a la medida que ellos quieren».

– Tasas desproporcionadas: Pequeños negocios, vendedores ambulantes y hasta las humildes tiendas de barrio han sido golpeados con impuestos exorbitantes, mientras que los grandes intereses económicos siguen disfrutando de privilegios y exenciones.

– Ordenanzas abusivas: Desde licencias de operación imposibles de costear hasta multas por infracciones menores, los ciudadanos se han visto obligados a cargar con el peso de una gestión municipal inepta y desesperada por recursos.

– Tarifas que ahogan: El aumento desmedido en servicios básicos, como el agua o la recolección de basura, ha dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

Mientras los alcaldes y el gobierno central se lavan las manos, es el ciudadano común quien termina pagando los platos rotos de las malas decisiones. Lo más trágico es que muchos de estos ciudadanos, en lugar de alzar la voz y exigir sus derechos, «aplauden y justifican» estas medidas, como si fueran inevitables. Este fenómeno de sumisión y olvido de los derechos fundamentales no solo refleja una falta de conciencia cívica, sino también el éxito de un «sistema que ha normalizado la injusticia».

– Lavado de manos. Los alcaldes culpan al gobierno central por la falta de recursos, mientras el gobierno central culpa a los alcaldes por su mala gestión. En medio de este círculo vicioso, el ciudadano es quien sufre las consecuencias.

– Aplausos y silencio: funcionarios y ciudadanos que no despiertan ante los abusos terminan siendo cómplices de un sistema que los oprime. La falta de organización y exigencia de derechos permite que estas prácticas sigan perpetuándose.

Este escenario no solo es una muestra de la **ineficiencia y el autoritarismo** que impera en la gestión local, sino también un recordatorio de que los derechos no se mendigan, se exigen. Mientras los ciudadanos no despierten y no recuerden que tienen el poder de exigir cuentas y demandar soluciones, seguirán siendo víctimas de un sistema que los castiga por las malas decisiones de quienes están en el poder.

– Organización comunitaria. La organización comunal No es Delito, que no te intimiden con el Estado de Excepción (la organización local no se restringe con este decreto) Es urgente que las comunidades se organicen, exijan transparencia y participen activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

– Conciencia cívica: Los ciudadanos deben recordar que tienen derechos y que no están obligados a aceptar medidas que los perjudican. La sumisión solo perpetúa el ciclo de abuso y desigualdad.

En resumen, mientras los alcaldes y el gobierno central juegan a lavarse las manos, es el ciudadano quien sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Solo despertando, organizándose y exigiendo sus derechos, las comunidades podrán romper este ciclo de opresión y construir un futuro donde la vocación de servicio prevalezca sobre la omnipotencia fallida.