Por Roberto Morejón.
El gobierno salvadoreño prosigue con lo que intenta presentar como una polémica con Venezuela, aunque en realidad se niega a abandonar su papel como receptor predilecto de los migrantes deportados por la administración de Donald Trump.
El primer mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aliado vehemente de las desacreditadas políticas estadounidenses en migración, propuso sospechosamente un canje a Caracas.
En su publicitado ofrecimiento, Bukele dice que liberaría a 252 venezolanos albergados en una cárcel de extrema seguridad, deportados desde Estados Unidos, a cambio de igual acción del gobierno venezolano.
La oferta, con el cuño del Departamento norteamericano de Estado, fue rechazada por el presidente Nicolás Maduro.
Venezuela, en cambio, exigió a El Salvador liberar a los 252 detenidos, acusados por Trump sin evidencias de pertenecer al ilegal grupo Tren de Aragua.
Venezuela lucha tenazmente porque esos compatriotas regresen a Caracas, pero Bukele no quiere renunciar a sus obligaciones con el secretario Marco Rubio.
Ante él se comprometieron a recibir migrantes deportados por Washington, incluso en condiciones deplorables y humillantes.
La controversia desatada por el gobernante salvadoreño al proponer un canje ilegal y moralmente inadmisible, como subrayó Venezuela, sigue a los desmentidos sobre la supuesta pertenencia de los prisioneros al Tren de Aragua.
En Caracas afirman que esa banda del crimen organizado fue desarticulada, aunque Trump insiste obstinadamente en su versión, objetada por una investigación publicada en The Washington Post.
El rotativo se refirió a un análisis suscrito casi unánimemente por 18 agencias de inteligencia que concluían que los tatuajes no eran elemento determinante para calificar a una persona como miembro del Tren de Aragua, contrario a lo que afirman los voceros del magnate.
No se trata del único elemento reprobatorio de los caprichosos conceptos de Trump, pues la ACLU, Unión Americana de Libertades Civiles, interpuso recursos legales contra el uso por el gobierno estadounidense de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la alegada banda, en lugar de contra un Estado reconocido.
Tengamos presente también que la administración estadounidense y en especial Marco Rubio tienen a Venezuela como blanco cardinal de ataques.
De ahí las conjeturas de que tanto en Washington como en San Salvador lo que realmente buscan, de común acuerdo, es maniobrar contra la Revolución Bolivariana.
