Por: Miguel A. Saavedra.
El salario mínimo es el umbral simbólico y legal que garantiza a todo trabajador cubrir sus necesidades básicas, reflejando el justo precio de su labor. Lejos de ser una dádiva de gobernantes, es una conquista sagrada ganada tras siglos de luchas obreras, marcando el punto de partida hacia mayores derechos y equidad.
Ahora, con el anuncio presidencial de una posible revisión salarial, vale la pena preguntarse: ¿Se trata de una medida justa o de una estrategia para calmar la presión social sin transformar la raíz del problema? O desviar la atención de los graves problemas aquejan silenciosamente a grandes sectores del país.
En El Salvador, el salario mínimo ha sido objeto de debate constante, especialmente cuando se considera su capacidad para garantizar una vida digna a los trabajadores. A pesar de las disposiciones legales que exigen su revisión periódica, muchos argumentan que las actualizaciones han sido insuficientes y no acordes al costo de la vida que va 3 pasos adelante siempre, donde para cientos de miles de salvadoreños que cada día compra menos y come menos pues su poder adquisitivo no le permite contar con lo básico y mucho menos para antojos y superficialidades( por lo menos las familias que no tienen remesas cada mes), pues ese 40% de la población logra cubrir sus necesidades de manera más holgada.
¿Y si los Diputados y los funcionarios también subsistieran con 5 salarios mínimos?
¿Qué pasaría si a los diputados, ministros, alcaldes oficialistas y funcionarios de confianza se les aplicara un salario máximo no mayor a cinco veces el salario mínimo que gana un trabajador promedio en El Salvador? ¿Cambiaría su mirada sobre el costo de la vida, el transporte, las medicinas, el alimento, la educación y los servicios básicos? ¿Dejarían de maquillar el hambre con propaganda?
En un país donde el 84.6% de la población económicamente activa gana entre $365 y $391 mensuales, según la Encuesta de Propósitos Múltiples 2024 del BCR, se ha vuelto costumbre disfrazar las migajas propagandísticas de medidas estructurales. La mayoría de las familias salvadoreñas apenas logra subsistir, destinando el 80% de sus ingresos a una canasta básica que sigue subiendo, mientras el resto apenas cubre transporte, vestido, salud y servicios básicos.
Y ahora, desde el bunker presidencial, se anuncia con aire de mandato una revisión al salario mínimo que, de aprobarse, sería de apenas un 12%. Un parche salarial que ni siquiera roza el alza acumulada del costo de los alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
¿Dónde está el verdadero diálogo social? ¿Dónde quedó el Consejo Nacional del Salario Mínimo como ente técnico y legal con participación tripartita? Todo parece ya decidido, como tantas otras medidas: desde arriba, sin consulta, sin alma de pueblo, sin carne social.
Este gobierno, acostumbrado a actuar por reflejo digital cuando una denuncia estalla en redes, practica un estilo autoritario disfrazado de eficiencia. Solo se mueve cuando el ruido público lo obliga y cuando lo hace, actúa para el aplauso, no para el alivio económico real.
Se está anunciando como mandato de la presidencia de la república, el posible revisión y aumento al salario mínimo de los trabajadores salvadoreños, en un país donde según datos de la encuesta de propósitos múltiples de 2024 del BCR, el 84.6% de los trabajadores percibe en concepto de salario el equivalente que oscila entre menos del mínimo $365 a $391/mes.
Es importante reconocer que no todos los sectores productivos del país poseen la misma capacidad económica para absorber los aumentos en el salario mínimo. Mientras algunas grandes empresas pueden adaptarse con relativa facilidad, otros sectores más pequeños o vulnerables, como la micro y pequeña empresa, (Pymes y Microempresas) enfrentan serias dificultades para asumir estos incrementos sin comprometer su estabilidad financiera.
Por ello, se vuelve imprescindible que el gobierno implemente mecanismos de intervención y políticas de subsidio específicas que faciliten la incorporación de estos sectores a las nuevas disposiciones salariales. Estas acciones permitirían que las empresas afectadas puedan mantener su operatividad sin trasladar de manera directa los costos adicionales a los precios finales de sus productos y servicios, evitando así un efecto inflacionario subyacente que terminaría afectando aún más el poder adquisitivo de la población.
La realidad económica de los trabajadores
El costo de vida en El Salvador ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Según el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), el costo de la canasta básica urbana ha pasado de $199.24 en 2021 a $245.74 en 2024, representando un incremento de $46.50 en tres años. Dicho de otra manera, la cantidad propuesta no cubre el 24% acumulado de incremento de productos de la Canasta Básica Ampliada urbana,
Las familias hacen milagros. Pero el anuncio afirma que en próximos días se activará la desarticulada tripartita [Empresarios, Gobierno y trabajadores] en cuyo espacio del Consejo del Salario mínimo que establece la ley, el cual tiene como mandato legal la revisión y estudio del incremento y el monto que tendrá el S.M., pues la ley local establece ser revisado cada 3 años, el plazo más largo de todos los países de la región, pues en la mayoría lo hacen a un año.
Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Los agros mercados no resolvieron el problema —apenas entre el 20 y 25% de la población accede a ellos por al volumen de productos y la cantidad de locales —, las medicinas reguladas vuelven a encarecerse, y las políticas sociales son cada vez más fallidas. ¿Quién puede vivir con dignidad así?
El salario mínimo no es una dádiva. Es un derecho ganado, una conquista legal que debe responder a una realidad económica y humana, no a una jugada electoral. No es casualidad que el anuncio llegue en tiempos donde la popularidad se mide más en likes que en bienestar tangible.
Comparación regional y propuestas de mejora
En comparación con otros países de Centroamérica, El Salvador tiene uno de los salarios mínimos más bajos y más tiempo para ser ajustado. Mientras que en Costa Rica el salario mínimo ha aumentado significativamente en los últimos años, El Salvador no ha realizado ajustes desde 2021.
Una medida que, aunque necesaria, no responde a la verdadera necesidad de los asalariados, ni pasa por un análisis exhaustivo que intente paliar y equiparar el alza acumulada de los precios de los productos de la canasta básica.
Instituciones y su papel en la defensa de los derechos laborales
Las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales han sido objeto de críticas por su inacción o complicidad en situaciones que afectan a los trabajadores. La falta de respuesta oportuna a denuncias y la ausencia de medidas efectivas han generado desconfianza entre la población.
«El Ministerio de Trabajo, las cámaras de lo laboral, el tribunal del servicio civil, e incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han vuelto cómplices y ciegos a peticiones y reclamos al desatender demandas, pedidos de revisión de miles de casos de despidos, conciliaciones, restitución, etc.»
Otras urgencias pendientes y no atendidas en la legislación laboral salvadoreña
Mientras la discusión pública se centra en el salario mínimo, hay una serie de temas profundamente ligados a la justicia laboral que permanecen ignorados por las autoridades. La revisión del salario, por sí sola, no basta. Es solo un parche más si no se acompaña de una reforma estructural que garantice derechos y condiciones laborales dignas para todas las personas trabajadoras.
Uno de los aspectos más urgentes es la actualización de la jornada laboral, adaptándola a las nuevas realidades del trabajo híbrido. En muchos sectores —particularmente el campo— se continúa aplicando una lógica laboral arcaica que no reconoce ni los derechos de los trabajadores rurales ni las posibilidades tecnológicas que permitirían modelos mixtos más eficientes y humanos.
Otro punto clave que permanece fuera del debate oficial es la necesidad de reclasificar el trabajo rural y vincularlo con estrategias de reconversión productiva y agro industrialización. Esto podría abrir puertas a una formalización laboral más amplia en zonas históricamente excluidas y mejorar el acceso a salarios justos y protección social.
Además, la discriminación y despido laboral por razones de edad sigue siendo una práctica impune. No existe una política real que proteja el derecho al trabajo de las personas mayores, ni mecanismos que eviten su exclusión sistemática de los procesos de contratación. Aquí el país también está incumpliendo tratados internacionales y normas de derechos humanos laborales.
También urge una revisión del *sistema de horarios escalonados*, particularmente en los sectores públicos y privados de zonas urbanas. El tiempo que pierden los trabajadores en el transporte diario, muchas veces hasta tres horas al día, deteriora su calidad de vida y merma su productividad.
Un aspecto no menos importante y poco atendido es el trabajo doméstico, el cual no es controlado ni vigilado, en miles de hogares se desarrolla la relación laboral donde las personas que trabajan en lugares privados no tienen ni las prestaciones ni el salario mínimo establecido y ninguna instancia oficial garantiza el cumplimiento del salario básico legal, ni el cumplimiento de las prestaciones que se establecen.
Más aún, es indispensable penalizar la ineficiencia institucional de sus funcionarios en la atención a demandas laborales. Actualmente, el incumplimiento por parte de jefes y delegados que demoran trámites como la entrega de credenciales sindicales o la resolución de conflictos laborales queda impune, perpetuando un clima de impunidad. El Ministerio de Trabajo que debería actuar como defensor de la legislación laboral y arbitro ecuánime impide que las directivas sindicales independientes tengan oportunamente sus credenciales legales, mientras que solo permite y autoriza la legalidad de los sindicatos aliados del gobierno.
Otro tema de vital importancia es el caso de pensiones que ha sido objeto de manipulaciones, parches legislativos, tabla de salvación a las finanzas de los distintos gobiernos incluyendo al actual que prácticamente le ha dado sepultura a los fondos cotizados de todos los trabajadores que cotizan para una pensión que cada vez ven más lejana.
Una ley integral para el sistema de pensiones debería garantizar justicia, universalidad, sostenibilidad y modernidad. Debe asegurar cobertura equitativa para todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral, con un diseño financieramente viable que equilibre aportes, beneficios y proyecciones demográficas. Además, debe adaptarse a las realidades actuales, incorporando tecnología y protección contra la inflación, para dignificar la vejez y reducir la desigualdad.
Estas omisiones no son casualidad. Forman parte de una matriz de poder donde el control político se impone sobre la ley, y donde las instituciones deberían proteger al trabajador, pero en lugar de eso, se vuelven instrumentos de castigo para quienes no son «seguidores incondicionales» del régimen.
Los trabajadores han perdido derechos que costaron décadas de lucha. Y los entes que debían defenderlos, han sido cooptados o anulados. Por eso, vale preguntarse:
¿Y si se les aplicara el salario mínimo ponderado también a los funcionarios?
Tal vez así, cuando hagan cuentas para comprar el pan, sientan por primera vez la carne viva del pueblo al que dicen servir.
Sin alma de pueblo ni carne social, no hay justicia laboral que valga.
El salario mínimo en El Salvador debe ser más que una cifra; debe representar el compromiso del Estado con el bienestar de sus ciudadanos. Es imperativo que se realicen revisiones periódicas y se implementen políticas que reflejen las realidades económicas actuales, garantizando así una vida digna para todos los trabajadores.
Cuando el justo precio del trabajo no alcanza para vivir con dignidad, no se trata de aumentar centavos, sino de devolver derechos. Un salario que no cubre la vida solo perpetúa la pobreza, y revisar el salario sin reformar el sistema es maquillar la injusticia. Es imperativo establecer un salario mínimo que garantice equidad y sustente una vida digna, transformando estructuralmente la economía para erradicar la desigualdad.
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