La víspera, varios generales, coroneles y altos mandos retirados fueron notificados en el juzgado de San Francisco Gotera de los delitos de tortura y desaparición y desplazamiento forzados, que se suman a cargos previos.
Testigos presenciales confirmaron que los imputados mostraron prepotencia e incluso ofendieron a las víctimas y sus familiares presentes en la corte, donde alegaron que durante la guerra cumplían con un mandato constitucional.
«Por su tono de voz, sus expresiones y gestos han manifestado irrespeto a las víctimas presentes», advirtió el abogado acusador David Morales tras un exabrupto del general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea.
Bustillo tildó el proceso de ‘circo’, y afirmó que los acusadores solo buscan dinero, lo cual negaron los familiares de las víctimas de la matanza de diciembre de 1981, que solo reclaman ‘verdad y justicia’
Ovidio Mauricio, abogado de la asociación civil Tutela Legal María Julia Hernández, informó que el juzgado recibió evidencia sobre la participación de la cadena de mando militar en la consumación de la masacre.
Entre los acusados hay un exministro de Defensa, altos mandos del Estado Mayor de la Fuerza Armada, generales, coroneles y oficiales retirados.
La investigación de El Mozote fue reabierta tras la derogación de una Ley de Amnistía General suscrita en 1993, un año después de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992).
