En 2017 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Sin embargo, a dos años de vigencia de la ley, no se han cumplido los compromisos, entre ellos el cierre técnico de las minas y la reparación de daños ocasionada por la explotación minera.
Rodolfo Calles de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica pidió al gobierno “que se haga el cierre de las minas que no se ha hecho hasta ahora, que se haga la remediación ambiental que debe hacer por los impactos ambientales que la minería ha generado y que se haga la reconversión productiva de los mineros artesanales.”
El representante de la mesa también solicitó al ministro de Medio Ambiente Fernando López, que solicite un refuerzo presupuestario para cumplir con lo ordenado en la ley. “Justo ahora estamos a tiempo de que se designen recursos económicos para la aplicación de la ley”, señaló Calles.
Solo en el departamento de Morazán hay 9 pasivos mineros. La mina San Sebastián es uno de los casos más emblemáticos por la contaminación del río San Sebastián que ha atentado contra la fauna y la salud de los habitantes.
Vidalina Morales, activista defensora del medio ambiente, ha vivido de cerca los efectos de la extracción minera. Ahora se suma a la petición para que el gobierno cumpla la ley aprobada hace dos años.
“Somos testigos de la conflictividad que eso genera, o sea que no podemos entonces, anteponer nuestro medio ambiente a intereses mercantiles, dijo Morales. Añadió que “ lo único que les interesa a las grandes corporaciones es nuestra agua, nuestros minerales , todo lo que puede ser un negocio para ellos”.
La Mesa contra la Minería Metálica también pidió al ministro de Medio Ambiente que informe en qué consisten los permisos ambientales que se agilizarán. Según el ministro los proyectos detenidos tienen estancados mil 400 millones de dólares en inversión.
Las organizaciones ambientalistas le solicitan que explique dónde están esos proyectos y cual sería el impacto al medio ambiente que generarían
