En su empeño por reducir la inmigración a Estados Unidos, la Administración Trump ha impuesto nuevas normas para endurecer el acceso a la ciudadanía de los inmigrantes legales. Una normativa anunciada penalizará a los inmigrantes que utilizan las ayudas sociales, como la Sanidad pública para las rentas bajas (Medicaid), los subsidios a la vivienda o los cupones de comida. Las autoridades podrán denegarles la ‘green card’, el documento que da derecho a la residencia permanente en el país. “Para proteger los beneficios de los ciudadanos estadounidenses, los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse financieramente por sí mismos”, ha dicho el presidente Donald Trump.
Los nuevos criterios redundan en los planes de la Casa Blanca para cambiar el sistema de inmigración legal que ha imperado hasta ahora. Hace unos meses el presidente anunció su intención de primar los «méritos» de los inmigrantes sobre la reunificación familiar a la hora de conceder la residencia permanente. Un criterio que, en la práctica, se traduce en dar más peso al nivel de educación, riqueza y conocimiento del inglés de los recién llegados que a los vínculos familiares que tienen en el país. “La Administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal para asegurar que los inmigrantes son capaces de mantenerse a sí mismos y tener éxito en América”, ha dicho Ken Cuccinnelli, el responsable interino de la política inmigratoria.
Se espera que la nueva normativa sea desafiada en los tribunales, dado que algunas categorías de inmigrantes tienen derecho a las ayudas sociales en determinadas circunstancias. El National Inmigration Law Center ya anunciado su intención de recurrir la normativa de la Casa Blanca, que ha definido “como racialmente motivada”. “Esto equivale a un test de riqueza sobre las familias inmigrantes que buscan un futuro saludable en EE UU. Si la medida se implementa tendrá un impacto devastador en millones de personas”.
Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha coqueteado con prohibir la entrada en el país a los ciudadanos de numerosos países pobres, desde los haitianos y los africanos, a los centroamericanos o los musulmanes. Y ha llegado a decir que le gustaría que vinieran más “noruegos”, palabras que le han valido acusaciones de racismo. Los tribunales han frenado algunos de sus planes, pero aun así se ha embarcado en una cruzada para sellar la frontera con México, reducir la inmigración en todas sus vertientes y acelerar las deportaciones de indocumentados, siguiendo las directrices de Stephen Miller, el arquitecto de sus políticas de mano dura. También ha endurecido los criterios para solicitar asilo y las cuotas anuales para los refugiados.
