Diversas organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado aseguran que al dilatar la elección del titular de la PDDH tiene el propósito de aprobar una ley de reconciliación con vicios de amnistía.
David Morales, abogado de CRISTOSAL y la representante de CEMUJER, Ima Guirola manifestaron esta semana que el procurador de Derechos Humanos debería estar luchando a su lado por una Ley de Reconciliacion con justicia, verdad y reparación en favor de las víctimas.
“En un tema tan sensible como los derechos humanos de las víctimas de la guerra, cómo es posible que no haya una voz o incidencia de la Procuraduría en el tema de una Ley de Justicia Restaurativa”, dijo Morales.
Según las organizaciones los legisladores buscan elegir a un procurador que vele por intereses particulares y no de la población.
“Lo que sí es evidente, es que si no hay una institución del Estado por supuesto que estas acciones de verdad, justicia y garantías de no repetición se ven debilitadas por no contar con una voz oficial que las impulse desde la institucionalidad del Estado”, agregó Ima Guirola, de CEMUJER.
Por su parte Irene Gómez, de la Mesa Contra la Impunidad explicó que como organizaciones rechazan el cierre de consultas que determinó la comisión y apelan a abrir los espacios de consultas reales: “Nosotros hemos presentado un carta en la que proponemos a la Comisión y rechazamos que nos cierren los espacios para poder participar en la creación de la ley”, aseguró Gómez.
Los familiares de las víctimas advierten que no todos fueron consultados y lamentan que los legisladores intenten aprobar una ley contraproducente para las víctimas.
Rafael Segura, del Comité de Presos Políticos de El Salvador aseguró que: “Queremos denunciar a dicha Comisión Legislativa pues me siento revictimizado. Yo vivo aquí en El Salvador y a mi no se me ha preguntado nada y como familiar de víctimas meceremos ser escuchados y una Ley de Reconciliación debe tener todos los parámetros institucionales e internacionales”, aseguró.
Los diputados tienen hasta el 13 de noviembre para aprobar una Ley de Reconciliación por orden de la Sala de lo Constitucional. Los legisladores aducen que cuentan con la información y el tiempo corto para aprobar una normativa. Las organizaciones critican que han tenido 3 años para cumplir con la sentencia.
