Según Marlon Anzora, asesor para la Plataforma de Seguridad Ciudadana, la propuesta que se está lanzando en materia de seguridad surge a principios de 2018, con la finalidad de crear estrategias de prevención de la violencia y contención del delito.
Anzora recalcó que la propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ha sido contrastada con el Plan Cuscaltán el cual fue lanzado por el gobierno del Presidente, Nayib Bukele.
“ha habido 6 organizaciones formuladoras, esto se hizo a través de una subvención en cascada: DPLF, la Fundación para el Debido Proceso, FUSALMO, CRS, Tutela Legal, Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado, el Servicio Social Pasionista y OIKOS hicieron unas primeras propuestas en 4 ejes, prevención del delito, contención del delito, atención a víctimas, rehabilitación Y reinserción, a partir de eso hemos conjuntado un solo documento, de más o menos 100 páginas, que tiene más o menos entre 85 a 92 acciones, cerca de 30 líneas estratégicas de propuesta y también algunas propuestas para el financiamiento, participación y transparencia”, explicó Anzora.
Por otra parte, Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista recalcó que la actual administración ha replicado ciertas practicas en cuanto al discurso represivo y la militarización de la seguridad ciudadana, anulando la verdadera capacidad de investigación del delito.
“Y ahora con el nuevo Gobierno estamos reactivando este espacio e intentamos que este espacio permita generar transformaciones profundas a los controles internos, específicamente de la Policía Nacional Civil; sin embargo creemos que esto no puede tener resultados, efectos suficientes, profundos y estructurales, si no es acompañado de un cambio de discurso. Desgraciadamente hemos visto un discurso altamente represivo y punitivo por parte del Gobierno y expresado a partir de la participación del presidente, donde mantiene esa militarización de la seguridad, justifica el uso de la Fuerza Armada como parte de la fuerza que acompaña tareas de seguridad pública y maximiza esa participación”, manifestó Reyna.
Anzora planteó que esta propuesta elaborada por diversas organizaciones sociales busca incidir en materia de seguridad del actual Gobierno, con el objetivo de facilitarle nuevos mecanismos que garanticen la seguridad de los salvadoreños, reduciendo los indices de violencia.
