(Por: José María Tojeira*)
Recientemente participé en un debate en la ESEN sobre temas de migración. La base del diálogo era un interesante estudio sobre el efecto del fenómeno en la educación salvadoreña. Algunos datos eran claramente preocupantes. No solo por el descenso de esa oportunidad que significa actualmente el bono demográfico, sino también porque se están marchando del país jóvenes con un nivel educativo superior al de los que se quedan.
Si en los países de nivel de desarrollo alto la fuga de cerebros se da especialmente a nivel de educación terciaria, en particular vinculada al área de investigación, en los nuestros el deseo de trabajo con salario decente y el miedo a la violencia llevan a esta especial fuga de cerebros.
Este éxodo de jóvenes con mayor nivel educativo aumenta la ya poca confianza en el sistema de educación nacional, marcado por una deficiente infraestructura y por una profunda desigualdad en el ámbito de la calidad. Otro dato importante que se desprende del estudio es que emigran más mujeres que hombres.
No es absurdo pensar que en esta diferencia hay razones vinculadas a la violencia. Aunque las mujeres sufren menos homicidios, la agresión sexual contra ellas tiene niveles muy elevados en el país. El machismo y la falta de protección contra comportamientos culturales empapados en ese modo de actuar, tan contrario a la igual dignidad de toda persona, puede ciertamente influir en la fuga de mujeres. El hecho de que las oportunidades laborales sean injustamente menores para la mujer es otro factor evidente.
En esta situación se hace imperiosa la necesidad de reforzar nuestro sistema educativo y hacerlo agradable y productivo para los jóvenes. Una infraestructura decente es indispensable. El cálculo que hacían las autoridades del costo de poner todas las escuelas en un nivel básico de habitabilidad y buen uso era, a principios del Gobierno de Sánchez Cerén, de 600 millones de dólares.
Aunque algunas cosas se han ido haciendo, queda todavía mucho por recorrer en la tarea de tener edificios e infraestructura adecuados para la educación. En un país con un nivel de violencia tan elevado, con una distorsión en la vida familiar por la migración de adultos y con una herencia pesada de machismo, es inconcebible el escaso servicio de apoyo psicosocial que tienen la mayoría de nuestros institutos. En una sociedad fracturada por la migración, la violencia, la pobreza y la desigualdad, los jóvenes necesitan orientación y apoyo. Psicólogos y trabajadores sociales son indispensables en los institutos de enseñanza media.
Hay algunas noticias positivas en medio de todo esto. Institutos de zonas rurales aparecen entre el diez por ciento superior de las calificaciones de la PAES. Incluso en los departamentos con mayor pobreza, como por ejemplo en Morazán y en La Unión, hay institutos públicos que destacan entre los mejores del país, según calificaciones PAES. En algunos de ellos, como en El Sauce, algunos migrantes envían donaciones en favor del instituto.
Los esfuerzos de los maestros de estos centros deben ser analizados y, en la medida de lo posible, replicados a nivel nacional. Lo mismo pasa en algunos institutos urbanos que han logrado, además de excelentes niveles de aprendizaje, avances significativos en la convivencia de los jóvenes, liberados de machismo y comprometidos con una cultura de paz.
Dadas las razones para irse (mejor trabajo y mejores condiciones de vida), hay que suponer que la gente se seguirá marchando. Además, tiene en los países de destino redes familiares de apoyo, que invitan al reencuentro familiar y que prometen un futuro de desarrollo. Sin embargo, eso no debe paralizarnos. Debemos invertir mucho más en políticas de juventud, tanto educativas como laborales; mostrar un interés mayor en la planificación del futuro y la justicia intergeneracional.
De lo contrario, las plagas que empujan a nuestros jóvenes a abandonar el país continuarán desangrándonos. Que las Universidades se involucren en estudios sobre la migración es positivo e importante. A la ciudadanía le queda exigir que la educación se tome con mucha mayor seriedad en el país.
*Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca
