Elaine Freedman*
Hace más de dos décadas hicieron la guerra fusil en mano
y perdieron capacidades en sus cuerpos.
Fueron heridos, resultaron lesionados.
Hoy protestan cívicamente y hacen propuestas legales
para mejorar sus vidas.
Pasaron de ser combatientes a ser luchadores sociales.
Son los miles de lisiados y lisiadas
que dejó el conflicto armado.
El 16 de enero se cumplieron 26 años de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que pusieron fin a doce años de guerra en El Salvador, una guerra en la que el pueblo salvadoreño, a un costo gigantesco, logró importantes avances en la democratización del país.
Entre los costos más evidentes y dolorosos están 12 mil lisiados y lisiadas, valientes mujeres y hombres, que salieron del conflicto armado con importantes afectaciones físicas y emocionales.
Una deuda social
Los Acuerdos de Paz incluyeron una legislación específica para quienes quedaron con discapacidades por haber participado en el conflicto armado. El Acuerdo número 4 literal i establece: “La Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ) tendrá a su cargo la preparación de los anteproyectos legislativos necesarios para procurar a todos los lisiados de guerra y a los familiares de los combatientes caídos que corresponda, de ambas Partes, su incorporación al sistema de prestación social del Estado, o una adecuada compensación económica, según lo prevea la Ley.”
En diciembre de 1992, once meses después de la firma de los Acuerdos, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 416 para establecer el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), institución pública que sería la encargada “de administrar a través de las instituciones que considere convenientes los programas de prestaciones económicas, y de coordinar y/o canalizar la concesión oportuna de las prestaciones en especie y en servicios, establecidas en la presente Ley”.
Pero la conciencia sobre esa deuda social fue muy limitada y lisiados y lisiadas, después de participar con las armas en la guerra, han tenido que librar arduas batallas sociales para lograr cada avance en la aplicación de la ley.
Primera Batalla: instalar el Fondo
Transcurrieron dos años desde la aprobación de la ley hasta que, por la constante presión de los lisiados, respondida con brutal represión, se instaló “el Fondo” -como se conoce al FOPROLYD- y se nombró su primera junta directiva. En mayo de 1993 una manifestación de personas lisiadas fue reprimida bárbaramente con el saldo de veinte heridos, seis detenidos y dos muertos, un ex-combatiente del FMLN y un ex-soldado del Ejército. Dos años después, y en otra protesta por el incumplimiento de la ley, unos 200 lisiados de guerra fueron arrestados en un operativo policial que dejó incontables heridos.
Después de los Acuerdos de Paz ya la población lisiada se agremió en organizaciones donde podría luchar por sus derechos. Unos se organizaron en ALFAES (Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada de El Salvador) y los del FMLN en ASALDIG (Asociación de Lisiados y Discapacitados de Guerra). Posteriormente se formaron otras asociaciones: FUNDALIDDI (Fundación de Lisiados y Discapacitados para el Desarrollo Integral) y ALGES (Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador), la más grande, que hoy aglutina a 3,300 hombres y a 940 son mujeres provenientes del FMLN y la Fuerza Armada de los 14 departamentos del país.
Segunda Batalla: abrir el censo
La primera limitación del Fondo fue la falta de un registro de las personas afectadas física y psiquiátricamente por la guerra.
Un fundador de ALGES recuerda: “El Fondo nunca realizó la inscripción que preveía la ley. Sólo contaba con un estudio actuarial que había hecho el gobierno para calcular los supuestos gastos que tendría el Fondo. Era un censo incompleto. La gente no sabía exactamente para qué servía ni se sabía qué beneficios iba a haber si estaba o no censada. Además, acababa de terminar la guerra y mucha gente tenía miedo a decir que había sido combatiente”.
“A paso lento y a empujones”
El estudio dice: “En 1997, durante el gobierno de Calderón Sol, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 1040 para la obtención de partidas de defunción de combatientes fallecidos. Ese decreto hablaba de una indemnización a los progenitores de los combatientes fallecidos, muchos de la tercera edad. Al entregar la indemnización en un pago único (9 mil colones = 1,028 dólares por progenitor), fueron eliminados como beneficiarios del Fondo. En ese período fueron indemnizados 3,395 padres y madres de combatientes fallecidos. El gobierno se aprovechó de la necesidad inmediata de los familiares para quitarse de encima un peso financiero en años futuros… Después deindemnizar a padres y madres de la tercera edad como primer paso, el segundo paso era indemnizar a los lisiados paulatinamente para ir reduciendo la cantidad de beneficiarios del Fondo… El objetivo era quedarse sólo indemnizando a quienes tenían una discapacidad del 60% al 100%. La estrategia aplicada a todos los lisiados que tenían una discapacidad supuestamente menor al 10% fue indemnizarlos con un único pago de 6 mil colones (685.71 dólares), suprimiéndoles beneficios de por vida por su discapacidad”.
Primeras reformas al Decreto 416
Desde que surgió en 1997, ALGES enviaba anualmente una carta a Naciones Unidas reclamando que el gobierno no estaba cumpliendo con los Acuerdos de Paz. Y en su carta de 2001 le habían advertido a Kofi Annan que si venía a declarar cumplidos los Acuerdos tendría en las calles a 6 mil lisiados contradiciendo sus palabras. Un integrante de ALGES recuerda: “En ese momento el gobierno nombró a David Escobar Galindo, a Salvador Samayoa y a Óscar Santamaría para que negociaran con nosotros. Pero desde la primera reunión se dieron cuenta que no teníamos personería jurídica y que no podían negociar con nosotros porque legalmente no existíamos”.
Nuevas posibilidades
El 18 de diciembre de 2001, ALGES, ALFAES, COMITEH (Comité de la Tercera Edad y Huérfanos Víctimas de la Guerra), PODES (Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador), FUNDELIDDI, la Cooperativa Nueva Vida y la Cooperativa Buen Futuro lograron un acuerdo con el equipo de negociación del gobierno de Francisco Flores.
El gobierno se comprometió a reestructurar la junta directiva del Fondo de forma inmediata y a promover el primer paquete de reformas al Decreto 416. A cambio, las asociaciones de lisiados se comprometieron a solicitar el respaldo del FMLN y demás partidos políticos para reconocer lo acordado como la “superación definitiva” de este tema en los Acuerdos de Paz.
Tercera Batalla: Segundo paquete de reformas
Tres años después, ALGES presentó un segundo paquete de reformas al Decreto 416. Entre 2005 y 2008 los lisiados negociaron con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa y con el gobierno de ARENA, presidido entonces por Elías Antonio Saca. Además, protestaron en las calles, respaldados por distintas organizaciones populares e instituciones estatales, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La lucha por este segundo paquete de reformas implicó una movilización permanente de los lisiados hasta que consiguieron su aprobación parcial en 2008. Hubo marchas, concentraciones y vigilias masivas porque, a pesar de los acuerdos logrados cinco años antes, se suspendieron las nuevas evaluaciones con asignación de pensiones y estaba sucediendo que las evaluaciones que se hacían a las personas lisiadas se estaban usando para descalificarlas, para proponerles una determinada indemnización o sencillamente para sacarlas del censo por considerar que ya estaban rehabilitadas “milagrosamente”.
2009: Vientos de cambio
El año 2009 marcó un parteaguas en la relación entre la población lisiada y el Fondo. Las y los lisiados se hicieron muchas expectativas de que algo podría cambiar con el primer gobierno del FMLN y que el Fondo podría trabajar para y no contra ellos. Una aliada de la población lisiada, Irma Amaya, fue nombrada presidenta del Fondo y varios técnicos que eran lisiados y personas que ya habían trabajado en las asociaciones con ellos entraron a trabajar en la institución.
Por primera vez se comenzaron a implementar algunos de los artículos pactados en 2008: créditos y apoyos productivos. También se reincorporaron al censo y a los beneficios las personas con un 6%-10% de discapacidad.
Una directiva del Fondo expresó: “Comenzamos a revisar los expedientes y encontramos tantas explicaciones injustas, incoherentes y arbitrarias para la suspensión de las pensiones, que empezamos a abrir un proceso para que los revisaran nuevos especialistas. Cambiamos a todos los especialistas que había y contratamos nuevos y comenzamos a referir a ellos a los lisiados. Las cifras hablan: en el año 2009 había 8 mil pensionados y ahora son 13 mil”.
El presupuesto de FOPROLYD se aumentó de 18 millones de dólares a 33 millones, un incremento del 83.3%. Además, en 2010 el gobierno de Mauricio Funes respondió a una de las demandas principales de algunas asociaciones con el pago de la deuda histórica de 19 millones de dólares, equivalente al pago de 22 meses de pensiones no entregadas por los gobiernos de ARENA.
Otras mejorías en la atención de FOPROLYD consistieron en la creación de una nueva oficina con condiciones adecuadas para dar servicio. Hasta entonces las personas lisiadas hacían largas filas durante horas bajo el sol o la lluvia. También se abrió una sucursal del Fondo en San Miguel para disminuir a la población de Oriente el gasto en transporte hasta San Salvador. También se creó un nuevo taller de prótesis, que ha demostrado una agilidad que ahorra tiempo y dinero a las personas beneficiarias.
Diagnósticode la población lisiada
Todos estos cambios han sido muy bien recibidos y han significado grandes avances. Sin embargo, las condiciones de vida de la población lisiada son todavía muy precarias por los problemas estructurales que afectan al país. La mayoría siguen siendo personas que sobreviven en exclusión social.
ALGES realizó en 2015 un diagnóstico de las personas lisiadas de guerra en todo el país. Un 92.27% manifestaba que sus ingresos provenían de la pensión que recibían del FOPROLYD. Un 1.24 % los recibía del programa social “Comunidades Rurales Solidarias”. Un 12.98 % tenía ingresos por su empleo. Un 29.16 % por iniciativas propias. Y un 7.56 % por recibir remesas familiares del extranjero.
El 59% recibía una pensión de 100 a 120 dólares, el 23% de 120 a 200 dólares y el 12% de 200 a 290 dólares. En 2018 las pensiones más bajas aumentarán significativamente porque tendrán que equipararse con el nuevo salario mínimo definido en 2017, que es de $300, lo que todavía no permitirá superar las condiciones de pobreza en que viven las personas lisiadas.
El 92% de la población lisiada vive en zonas rurales y sólo el 8% en zonas urbanas. Vivir en el campo les dificulta conseguir empleo, porque la mayoría no tiene capacidad para el tipo de trabajo que requiere la agricultura.
El 61% de la población lisiada de guerra tiene sólo nivel de educación básica, la mayoría sólo llegó hasta tercer grado. El 22.6% no tiene ningún grado académico y sólo un 1.33% llegó a estudios superiores. Tan bajo nivel educativo les dificulta encontrar empleos mejor pagados, que suelen ser los que no requieren esfuerzos físicos, que complicarían su salud.
El 78-79% de la población lisiada es mayor de 49 años. El promedio del 36% del total es 58 años, una edad que implica mayores necesidades en salud. Un escaso 13% es menor de 35 años. Eran niñas y niños durante el conflicto armado, cuando sufrieron lesiones que aún padecen.
El diagnóstico investigó también el tipo de lesiones de la población lisiada. El 90.3% tiene alguna o varias discapacidades físicas, el 15.3%, una discapacidad visual, el 14.1%, discapacidad auditiva, un 5.7% sufre discapacidad mental y un 0.27% discapacidad intelectual. Buena parte de la población lisiada tiene más de una discapacidad, combinándose, frecuentemente, una lesión física con lesiones auditivas o visuales.
Mujeres lisiadas: doblemente discriminadas
El estudio “La construcción del rol en el personaje femenino de la narrativa de guerra y posguerra civil salvadoreña” demuestra que la población combatiente del FMLN se componía en un 30% de mujeres. En las Fuerzas Armadas no participaba ninguna mujer. Ningún lisiado proveniente del bando gubernamental es mujer. En el total de la población lisiada, el 79% son hombres y el 21% mujeres, lo que indica que las mujeres en el sector de lisiados de guerra es menor que en el sector de combatientes.
Las reformas pendientes
La propuesta más reciente de reformas al Decreto 416, presentada por ALGES y FOPROLYD en enero de 2018 incluye 35 reformas. De ellas, 12 buscan armonizar la legislación con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 19 corresponden a la necesidad de actualizar y mejorar los procesos administrativos del FOPROLYD y 4 se refieren a reivindicaciones propias de los lisiados. El primer grupo de propuestas busca sustituir el lenguaje desfasado y discriminatorio que usa la legislación por el que la Convención de la ONU establece. Eso significa eliminar palabras como “inválido”, “incapaz” y “discapacitado” de la legislación salvadoreña.
El segundo grupo de reformas busca delimitar de mejor forma las distintas competencias de cada área dentro de FOPROLYD, actualizar los nombres de las instituciones públicas que aparecen en la ley porque aún corresponden a la institucionalidad de 1992, y unificar los procesos de notificación para agilizar la atención. Los lisiados enfatizan que, tanto este grupo de reformas como el primero, no implican recursos y son viables con la voluntad de las autoridades de mejorar.
El tercer grupo de reformas busca convertir en ley algunos de los beneficios que han recibido los lisiados por Decreto Ejecutivo durante los dos gobiernos del FMLN. Desde 2010, el Fondo ha venido otorgando en diciembre a sus beneficiarios una “compensación especial de fin de año”, equivalente al 50% del monto de su pensión. Aunque no significa un cambio sustancial en sus vidas, sí representa un alivio. Ese desembolso es producto de un decreto ejecutivo que se viene cumpliendo durante ocho años, pero no es permanente. Proponen que se incorpore a la legislación para que no dependa de la voluntad del Presidente de la República.
Quiénes heredan la pensión de los lisiados
También se plantea la reforma al artículo 25 de la legislación. Actualmente establece que al fallecer la persona discapacitada beneficiaria de pensión sus hijos menores de 18 años, o hasta de 25 en caso de que estén estudiando, heredan la pensión, También la heredan, en defecto de los hijos, los padres y cónyuges de la persona fallecida. La población lisiada espera modificar ese artículo para que ese beneficio sea vitalicio para sus hijas e hijos con discapacidad.La población lisiada también lucha por incluir en el censo a madres y padres de combatientes fallecidos en el conflicto armado, de uno y otro bando, que quedaron fuera por no haberse informado a tiempo. Esto no incluye a padres y madres, adultos mayores, que fueron arbitrariamente expulsados del censo por el Decreto 1040, durante el gobierno de Armando Calderón Sol. Los casos de esa población están siendo revisados en la Comisión de Haciendade la Asamblea Legislativa mediante otro decreto especial.
Primera prioridad: una atención integral
La última reivindicación de los lisiados, y su primera prioridad, es el derecho a una atención integral en salud, no limitada a la específica que reciben por su lesión de guerra.
La reforma plantea convenios entre el Fondo y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Salud para no duplicar esfuerzos y comprometería al Fondo a costear “aquellos tratamientos, procedimientos, medicamentos, insumos, exámenes especiales u otros requerimientos médicos que dichos establecimientos no tengan en existencia, en la medida que los recursos y condiciones le permitan.”
Con propuestas y con protestas
En un nuevo aniversario de los Acuerdos de Paz, y tomando en cuenta la campaña electoral previa a las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo, ALGES presentó su pliego de demandas a 16 candidatos a diputados del FMLN, a quienes considera “sus aliados por naturaleza”. Los candidatos firmaron una carta comprometiéndose a dar la lucha parlamentaria defendiendo estas reformas si son electos como diputados.
Sin embargo, la población lisiada ha aprendido que necesitarán mucho más que ese compromiso para que sus demandas se conviertan en ley. Han conseguido mayores espacios de interlocución desde que el FMLN llegó al Ejecutivo en 2009 y eso les ha abierto oportunidades para lograr que las instituciones estatales respondan a sus reivindicaciones. Pero un aprendizaje importante en estos años ha sido la convicción de que no deben abandonar ninguna forma de lucha. Hasta ahora todo lo que han logrado lo consiguieron haciendo que protesta y propuesta convivieran siempre en sus estrategias. Negociación, diálogo y comunicaciones acompañándolas con protestas muy visibles en las calles han sido la fórmula que les ha permitido avanzar.
Quienes fueron hace casi tres décadas combatientes fusil en mano son hoy luchadores sociales por la justicia, la que el país les debe a ellos y la que necesitan los más necesitados en El Salvador.
*EDUCADORA POPULAR.
