La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, abogó esta semana, por la construcción de un nuevo pacto social que ponga fin a las profundas desigualdades que afectan a la región, durante una conferencia organizada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) en Roma, Italia.
La máxima representante de la comisión regional de las Naciones Unidas abordó las causas de las tensiones sociales en América Latina y el Caribe, y destacó que la CEPAL ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo, es decir, como un principio ético irreductible, centrado en un enfoque de derechos.
Durante la conferencia, Alicia Bárcena estuvo acompañada por Marina Sereni, Viceministra de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (MAECI); Antonella Cavallari, Directora Central de América Latina del MAECI; Roberto Melgarejo, Embajador de Paraguay en Italia y Presidente del IILA, y Donato Di Santo, Secretario General del IILA.
“El desencanto, el enojo en la región presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad de un modelo que se asocia a tres décadas de concentración de riqueza y deterioro ambiental con insuficiente crecimiento, con instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder económico y político, y una propensión rentista que se nutre originariamente del acceso privilegiado a la propiedad de los recursos naturales y a la economía financiera”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en el inicio de su intervención.
Precisó que la región atraviesa un contexto particularmente complejo, marcado por la consolidación de una trayectoria de bajo crecimiento generalizado a partir de 2014 -con proyecciones de crecimiento de 0,1% para 2019 y 1,3% para 2020-, y una desaceleración de la demanda interna acompañada por una baja demanda agregada externa con mercados financieros internacionales más frágiles.
A esto se suma el aumento de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema. En 2018, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la CEPAL.
Alicia Bárcena advirtió que la región ha subestimado la desigualdad. Precisó que la desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja, pero a un ritmo menor que en años recientes: mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año.
No obstante, explicó, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.
Como ejemplo citó el caso de Chile donde, según los datos para 2015, la participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos).
“La desigualdad es ineficiente y atenta contra el crecimiento. Está en el corazón del descontento social por el deterioro del empleo, el insuficiente ingreso, la provisión de bienes públicos y la baja protección social”, subrayó.
Alicia Bárcena alertó también sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios, que experimentan diversas carencias, vulnerabilidades y riesgos en áreas claves como la educación, la inserción laboral y la protección social.
Precisó que, en 2017, el 76,8% de la población regional pertenecía a los estratos de ingreso bajos y medio-bajo, que vivía con ingresos iguales o inferiores a 3 líneas de pobreza. Junto con ello, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de estudio en 2017, y el 44,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no estaba afiliada o no cotizaba en un sistema de pensiones.
“Debemos alcanzar una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos. Debemos igualar para crecer y crecer para igualar, y transformar los privilegios en derechos”, concluyó.
