La semana pasada, el presidente Bukele saludó a 1,400 nuevos soldados, en plan de combate y en una escenografía elaboradamente militar, con lanchas de la marina y aviones de la fuerza aérea incluidos. En ese escenario, prometió “proteger a la gente, con fondos o sin fondos”. Ningún presidente después de 1992 ha gustado tanto de lo militar como Bukele. Concentra energías y recursos en la represión de la violencia social y en las fuerzas represivas. El enorme peso específico de la opción militar oculta, con su gran aceptación popular, otras demandas urgentes de la ciudadanía.
Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua permanece abierta. El mal servicio y la mala calidad también ponen en peligro la salud de los habitantes del gran San Salvador. Una buena parte de la población rural no tiene acceso al agua potable. No permitió que la ministra de Salud y el presidente de ANDA dieran explicaciones a los diputados por causa de la guerra que libra contra estos. Los legisladores respondieron con una interpelación, que expuso las limitaciones de los dos funcionarios y del Gobierno. La comparecencia fue lamentable. La ministra aseguró que el agua es potable, el presidente de ANDA recomendó no beberla. La ministra afirmó que no le corresponde garantizar su potabilidad, pero ANDA dijo lo contrario. En medio de la disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea, el problema del agua sigue sin solución y ya ha motivado el regreso de la protesta callejera.
El Gobierno publicita cómo se prepara para un eventual brote de Covid-19, pero pasa por alto la epidemia de dengue y de enfermedades respiratorias agudas. Las gastrointestinales y la insuficiencia renal tienen también una elevada incidencia desde hace ya tiempo. Estas enfermedades se ensañan con la población de menores ingresos y con menos acceso al agua y a condiciones sanitarias aceptables. El Gobierno se ocupa de lo eventual y posterga lo real. Proyecta la impresión de que satisface las demandas ciudadanas, pero, en realidad, huye hacia adelante. Los fieles aplauden, mientras lo contagiados de dengue y de otras enfermedades epidémicas sufren penurias. Los millones destinados a represión estarían mejor empleados en combatir las epidemias crónicas, cuya prevención pasa por el acceso al agua y el saneamiento ambiental.
La corrupción, también crónica, está estrechamente relacionada con la proliferación de las epidemias, pero también con la ineptitud y la baja inversión social. Contradictoriamente, mientras esta última no cubre las necesidades de la población, el gasto militar experimenta un aumento del 18 por ciento en el Presupuesto de este año. Las áreas sociales, en cambio, incluido el medio ambiente, experimentan recortes en unos presupuestos de por sí insuficientes. Indiscutiblemente es perentorio acabar con la corrupción, pero no serán los militares ni los antimotines quienes lo hagan. No solo carecen de competencias, sino que ellos también contribuyen con ella, amparados en un mal entendido secreto militar.
Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo han sacado a la luz el rechazo, si no desprecio, que suscitan el Ejército y la política militarizada en un sector importante de la opinión pública. El operativo militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel entonces, sino también en que, hasta ahora, la institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con las investigaciones para atribuir las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad. La censura internacional ha obligado al presidente a echar mano de la creatividad. La última producción asegura que el Ejército estaba desplegado para impedir los desmanes de la multitud, que el mismo presidente había movilizado.
Bukele pensó, por ingenuidad, imprudencia o envanecimiento, que su gesta contaría con la aprobación unánime de la opinión pública. Craso error de cálculo político del presidente y desconocimiento del sentir popular. Su sueño de encabezar al pueblo, protegido por militares y antimotines, para disponer de la legislatura, tal como lo anunció en 2018, es una quimera antidemocrática. No se le ocurrió que si bien la Asamblea Legislativa y los partidos políticos son las instituciones menos apreciadas por la opinión pública, también lo es el Ejército y la policía militarizada, por su pasado y su presente represivo, cruel e inhumano. Los hogares populares experimentan constantes invasiones de soldados enviados a cazar jóvenes indiscriminadamente.
El insulto, la maldición, el odio y la invitación a quemar al adversario no darán “frutos en el futuro”, tal como augura el presidente. Crean inestabilidad, división social, represión y violencia. De esa siembra no puede salir nada nuevo, sino el mismo fruto viejo y amargo del sufrimiento y la muerte.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
