Más allá de la ficción (películas, libros, series de televisión), el mundo no se planteaba en serio la posibilidad de enfrentar una pandemia. Fuera de los grupos de especialistas, muy pocos pensaban que un virus podría extenderse globalmente y generar el daño que está provocando el covid-19. La humanidad no estaba preparada para enfrentar adecuadamente una emergencia de este tipo; ni los sistemas de salud estaban listos, ni existían planes de acción claros y atinados. Como consecuencia, se están tomando decisiones sobre la marcha, improvisando. Ello está pasando factura. Los contagios se multiplican por todo el planeta y se ha incrementado la letalidad del virus debido a la incapacidad de atender debidamente a las personas enfermas. El derecho fundamental a la salud es hoy papel mojado en muchos países por falta de inversión en la salud pública.
Gobernar en una situación como esta, inesperada, desconocida, no es fácil. Aunque en El Salvador se han tomado medidas estrictas con mayor antelación que otros países, con resultados que aparentemente son positivos, también se ha actuado con improvisación y con falta de conocimiento. No ha faltado voluntad de tomar decisiones, pero sí capacidad de ejecutarlas bien. Arropado en el objetivo de salvar vidas, en no pocas ocasiones el Gobierno ha actuado deshumanizadamente, provocando sufrimiento y zozobra. La lista de abusos cometidos por las autoridades a lo largo de estas semanas de cuarentena es demasiado larga. Nada justifica que no se atienda la salud de una persona en cuarentena porque sus padecimientos no tienen relación con el coronavirus. No hay ninguna justificación para no informar de inmediato a las personas del resultado de sus pruebas de covid-19. No hay razón alguna para que la gente en los centros de contención desconozca la fecha en la que podrá reunirse con sus familias.
En toda emergencia hay peligro de que se den abusos de autoridad. Pero ese peligro aumenta cuando es el mismo presidente de la República el que anuncia en cadena nacional que se actuará represivamente, utilizando la violencia si es necesario, contra la población que incumpla las medidas decretadas. Que Nayib Bukele afirme que no le importan las quejas por maltrato ni perder popularidad por ello generará sin duda un incremento en los abusos de funcionarios, a todo nivel. Que el presidente dé carta blanca para el uso de la fuerza puede tener consecuencias nefastas y generar graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad debe estar alerta a denunciar cualquier tipo de abuso, y debe hacerlo a través de los medios de comunicación si las autoridades no atienden sus denuncias. Por muy dura que sea la situación generada por la emergencia, no se deben alentar ni permitir acciones que ponga en riesgo el bienestar, las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos.
EDITORIAL UCA
