Por: Gustavo Veiga
El experto en derechos humanos repasa el mundo actual, cruzado por la pandemia: desde los pedidos de domiciliaria para represores argentinos hasta los proyectos de leyes de amnistía en Chile y El Salvador. El golpe de Estado en Bolivia, el caso brasilero, el bloqueo redoblado en Cuba, la idea de «reconciliación» que siguió Sudáfrica y la herida abierta del franquismo, forman parte de este estado de situación.
Fabián Salvioli tiene una trayectoria vinculada al derecho en el plano internacional. Es autor del libro La universidad y la educación en el Siglo XXI, lo que indica que en el campo disciplinar al que dedicó su vida está presente la pedagogía. Hoy es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas. La extensa definición de su cargo, no obstante, es imposible que supere a su condición de experto en derechos humanos formado en La Plata, su ciudad natal. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas. Él prefiere hablar más desde esta condición académica y no porque el cargo ocasional que ocupa desde el 1° de mayo de 2018 le confiera un status de funcionario especial. Lo remarca un par de veces a lo largo de la entrevista y parece sentirse mejor así cuando responde todos los temas: desde los pedidos de prisión domiciliaria para represores argentinos que invocan la pandemia para conseguir ese beneficio hasta los proyectos de leyes de amnistía en Chile y El Salvador o el golpe de Estado en Bolivia.
– Tras la cuarentena que decretó el gobierno nacional proliferaron pedidos para que se les otorgara a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad la prisión domiciliaria. ¿Qué piensa de esta cuestión?
– Una sociedad tiene que ser muy clara en la condena y en el cumplimiento efectivo de las penas para quienes han cometido los delitos más graves y, naturalmente, los delitos contra la humanidad lo son. Esto no quiere decir que el Estado no pueda atender determinadas situaciones o particularidades. Pero eso no puede ser usado como excusa para la impunidad de hecho. Las personas que suelen estar condenadas por crímenes contra la humanidad en la Argentina y en todo el mundo son las que tienen un grado de cumplimiento de las penas más favorable. En general y por razones de seguridad. No pueden estar en pabellones multitudinarios. Yo entiendo que debe haber liberaciones de personas, pero estas serían las últimas en la lista.
– En el caso de las prisiones domiciliarias, ¿haría diferencias entre un condenado por delitos de lesa humanidad con el que está procesado?
– Es una pregunta difícil. Primero deberíamos ver todas las personas que están hacinadas en las cárceles de la República Argentina. Una vez que esas personas obtuvieran inmediatas alternativas de prisión, analizaría delito a delito, desde los menos graves a los más graves. Una vez que llegáramos a la situación de los delitos más graves y el de crímenes contra la humanidad es el más grave de todos, entonces deberíamos ver quiénes están en prisión preventiva y en última instancia quiénes están condenados. Pero claro, sin dar una señal de impunidad que no debería darse.
– Le pregunto sobre Bolivia y el golpe de Estado, un caso bastante actual. Hay querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos en la Argentina, especificamente en Córdoba. ¿Cómo definiría a lo que pasó en este país vecino?
– A eso no puedo responder esto como relator de Naciones Unidas, sí como Fabián Salvioli, experto en derechos humanos. En Bolivia claramente hay una situación de golpe de Estado que ha sido comprobada por organismos internacionales y también por otros que han manifestado preocupación por serias y graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. La mirada que tengo es la que han mostrado los órganos de Naciones Unidas al respecto.
– ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo en Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera intenta aprobar un indulto aprovechando el problema del coranavirus para beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad?
– Lo veo igual que en la Argentina, pero con un agravante. Que los indultos no son aceptables. No se los puede aplicar para favorecer a personas que cometieron delitos contra la humanidad. Los indultos son absolutamente nulos. Porque no hay razones humanitarias que puedan justificar ese tipo de medidas y habría que seguir el mismo protocolo que le mencioné para Argentina. Todo otro proceder implicaría una violación de los compromisos internacionales.
– ¿Usted trabajó en El Salvador sobre una eventual ley de amnistía que estaría por aprobar ese país?
– Todavía está en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Porque el presidente vetó la ley aprobada. Es un problema porque en el parlamento hay personas directamente relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado. Del partido Arena y del frente Farabundo Martí. Y entonces buscan la manera de saltearse los compromisos internacionales. Pero lo cierto es que una ley de esas características sería nula a efectos internacionales y lo único que generaría es que esos problemas vuelvan y vuelvan otra vez.
– En el caso de El Salvador hubo una guerra civil entre 1980 y 1992 con 75 mil muertos. ¿Cómo se definirían los delitos cometidos por los beligerantes que usted dice están en el Congreso?
– Como crímenes de guerra. Lo que sucede es que en El Salvador los hubo en relación a personas combatientes, y también hubo crímenes contra la humanidad en relación a la población civil que no combatió y fue objeto de multiples ataques de ambos bandos. Aunque el 95 por ciento de los ataques provinieron del Estado.
– Usted ha formulado críticas muy duras contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su reivindicación del golpe de Estado de 1964.
– Las políticas de memoria deben ser políticas de Estado y en ese sentido yo he tenido una manifestación pública de mucha dureza tildando de inmoral la reivindicación del golpe de Estado que hizo el presidente Bolsonaro hace un año. Saqué un comunicado oficial a través de Naciones Unidas en relación a esta declaración, que es un retroceso.
– No se podía esperar otra cosa del presidente de Brasil, que cuando era diputado dedicó su voto a favor del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff a la memoria del torturador más temido de la dictadura Carlos Brilhante Ustra…
– Si, es cierto, aunque en ese momento no era presidente. Pero hay una obligación de los jefes de Estado por la cual no se puede ir hacia atrás. Creo que eso incluso implica un nuevo trato inhumano y degradante hacia las víctimas y sus familiares y que podría ameritar la presentación de denuncias internacionales.
-¿También intervino la relatoria cuando el ex presidente Mauricio Macri intentó vender una parte de las tierras de Campo de Mayo?
– En la Argentina también intervine en el intento de vender esa parte de Campo de Mayo. El asunto pasó por mis manos y saqué un pronunciamiento. Básicamente lo que hice fue dirigirme al gobierno argentino como relator, porque como relator tengo poder de intervención sobre el gobierno aunque se trate de mi país, el cargo lo permite. Lo que le dije en esa situación fue que esos sitios eran sitios de memoria y además, que tenían partes no exploradas en las que se presupone que puede haber aún personas desaparecidas enterradas clandestinamente. Son sitios en los que puede haber hasta pruebas de delitos contra la humanidad.
– Varios gobiernos y gobernantes, dictadores o presidentes constitucionales, pasaron por tribunales penales internacionales. ¿Pero nunca ocurrió hasta ahora que funcionarios de Estados Unidos fueran llevados a juicio por crímenes contra la humanidad, cuando hay indicios de sobra para juzgarlos?
– Bueno, no es tan así. En este momento está abierta en la Corte Penal Internacional una investigación sobre sus posibles responsabilidades en Afganistán. Es reciente, de hace unos meses. La Corte Penal abrió ese caso sobre Afganistán y esto naturalmente puede involucrar a funcionarios de Estados Unidos, lo que provocó una reacción muy virulenta en ese país.
– El concepto de extraterritorialidad que aplica Estados Unidos para castigar a todos los países que comercien con Cuba a partir de la ley Helms-Burton, ¿puede considerarse una violación del derecho humanitario de proveerse insumos médicos para luchar contra la pandemia?
– Son violaciones del derecho internacional. El derecho internacional de gentes no admite ese tipo de prácticas. Hoy por hoy los únicos mecanismos válidos de imposición de sanciones son los multilaterales y es el Consejo de Seguridad que tiene la posibilidad de aplicarlos. El problema de Estados Unidos es que necesita que le aprueben cosas y otros países no lo votan. Entonces actúa unilaterlamente y eso lo coloca fuera del orden internacional.
-¿Sea cual fuere el derecho que se viole, si el internacional o el humanitario, las denuncias se acumularon por décadas antes o después de la creación de la Corte Penal Internacional?
-Hay infinidad de casos. Lo interesante es que estemos hablando de esto que hace treinta años hubiera sido impensable. Hoy existen dificultades aunque ninguna persona que cometa crímenes contra la humanidad puede sentirse segura. Y esto es muy importante. Cuando yo empecé a dar clases de derecho internaciona,l en los años 80 en La Plata, si decía que Pinochet algún día iba a ser juzgado, se hubieran reído.
Una mirada sobre la «reconciliación» en Sudáfrica
El caso de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen del Apartheid en Sudáfrica, y las consecuencias jurídicas que tuvo, suele ser un tema de discusión entre el relator de Naciones Unidas y ciertos países que defienden aquel modelo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada durante la presidencia de Nelson Mandela.
– ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
– Todo el tiempo tengo que pelear por eso con los gobiernos, porque inmediatamente hablan del modelo sudafricano. Vamos a ver. La justicia transicional evoluciona. No es lo mismo ahora que a inicios de los 90, cuando comenzó el proceso en Sudáfrica. Hoy el modelo sudafricano no pasaría un estándar mínimo de proceso de justicia transicional. Porque en aquel momento de hecho hubo impunidad y ninguna persona que cometió crímenes fue juzgada. Ninguna.
– ¿Ninguna llegó a juicio o a condena?
– No, ninguna fue juzgada. Hubo una comisión de la verdad, no hubo tribunales. Algunos años después se aprobó el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en ese cambio de paradigma hoy es inaceptable que quienes cometen crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra no lo paguen penalmente. Esa es una cuestión. Otra es, si una persona coopera en el marco de un proceso, si se arrepiente y demás, y puede verse beneficiada de una reducción de la pena. Eso es permitido por el derecho internacional en la medida en que no se caiga en la impunidad. Es decir, no podemos aceptar que alguien que cometió un homicidio simple esté doce años en prisión y quien fue condenado por crímenes contra la humanidad, solo porque los reconoció, quede exceptuado de una condena. Eso es impunidad.
– ¿Quiere decir que la experiencia de Sudáfrica fue una experiencia fallida?
– Es que no fueron juicios por la verdad, se trató de una comisión por la verdad, que es diferente. Como fue la Conadep aquí. Pero no hubo tribunales que juzgaran a personas responsables. No fue fallido, pero sí una solución que se dio en ese momento, para ese momento, y que no es trasladable a situaciones contempóraneas.
La herida abierta del franquismo
– Los crímenes del franquismo no prescriben, pero la inmensa mayoría de las víctimas ya están muertas. ¿Qué piensa de esa situación?
– Hace un año y medio estuve en Madrid, invitado por el grupo de memoria histórica del Congreso de los Diputados, dando una conferencia sobre esto y los déficits de la justicia transicional en España. La ley de amnistía, que fue aprobada al principio de la transición, es absolutamente nula. Y las personas que han cometido crímenes, aun cuando sean longevas, deben ser juzgadas. En ese sentido España tiene la obligación de cooperar con la querella argentina que se está llevando adelante aquí en el juzgado de Servini de Cubría. El Estado no puede desoir eso.
– ¿Y lo está haciendo?
– La aplicación del derecho internacional que han hecho los tribunales españoles en relación a los crimenes del franquismo es absolutamente inaceptable, más allá de que en algunos lugares como en Valencia, se tramitaron algunas causas. Hay muchos déficits todavia en el proceso de Justicia transicional en España. Uno de ellos es haber dejado mayoritariamente en manos de los familiares de las víctimas el exhumar cuerpos que están en fosas comunes. Las personas ya son muy mayores se están muriendo y lo que quieren es poder darles una sepultura a sus familiares para poder llevarles una flor y morirse también. Contra eso hay que tener una falta de humanidad absoluta y no acompañar los reclamos. Yo he sido enfático en la situación de España. Lo hice públicamente, si buscan en youtube van a encontrar la conferencia que di en el propio Congreso de Diputados, que fue lapidaria.
