El efecto de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial ha empezado a sentirse y será aún mayor en los próximos meses. En el caso de América Latina, como en otras regiones, la grave desaceleración del crecimiento generará un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, afirma la Comisión dedicada a la economía del subcontinente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso esta semana que los gobiernos garanticen un ingreso mínimo de emergencia a la población más vulnerable para que pueda enfrentar el impacto de la pandemia de coronavirus y para que la reactivación de la economía sea sólida y relativamente rápida.
La propuesta plantea transferencias de efectivo temporales e inmediatas que permitan a las familias pobres satisfacer las necesidades básicas de consumo en sus hogares. Asimismo, considera que, a largo plazo, esas transferencias sean permanentes y que incluyan a estratos más amplios de población, como los que se encuentren cerca de caer en la pobreza, con la intención de avanzar hacia un ingreso básico universal.
Al presentar un nuevo informe sobre los desafíos relacionados con la actual crisis que afrontarán los países latinoamericanos y caribeños, la secretaria ejecutiva de la CEPAL advirtió que la superación de la pandemia de COVID-19 tomará tiempo, lo que dificultará que la economía y la producción se reactiven.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.
El ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL equivaldría a un línea de pobreza costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional.
Si abarcara a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año, dicha intervención implicaría un gasto adicional del 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Aumento de la pobreza y la desigualdad
El estudio señala que, en el corto plazo, la pandemia provocará un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico.
La CEPAL prevé una caída del 5,3% del PIB y un incremento del 3,4% del desempleo en 2020. En tanto, la pobreza crecería al menos un 4,4% con respecto al año anterior, alcanzando al 34,7% del total de la población, o 214,7 millones de personas. Entre ellas, la pobreza extrema aumentaría un 2,6% para sumar un total de 83,4 millones de personas. La desigualdad también se extendería, consecuentemente.
El informe recuerda que amplios estratos de la población de la región viven ya en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales y estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones) caería en una situación de pobreza extrema. También proyecta un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.
Las mujeres y los trabajadores del sector informal, los más vulnerables
Los grupos especialmente vulnerables a la crisis serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas sin hogar.
La CEPAL explica que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y las familias. Estas han incluido transferencias monetarias, transferencias en especie (alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos, medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos que incluyen alivios tributarios y control de precios.
Hasta ahora, son 29 los países latinoamericanos y caribeños que han implementado provisiones de protección social para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de familias, o cerca del 58% de la población regional.
Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la CEPAL indica que, además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales como la bancarización de la población y completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos.
En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado y buscar mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
Políticas universales, redistributivas y solidarias
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Bárcena.
Agregó que para evitar un deterioro grave de las condiciones de vida hace falta generar respuestas de emergencia enfocadas en la protección social, los derechos y el bienestar de la población.
“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”, enfatizó la secretaria ejecutiva, subrayando que el derecho a la salud es un elemento central en la construcción de ese Estado de bienestar.
“Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia”, enfatizó.
“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social y fiscal”, concluyó Bárcena.
