Honduras. El hambre expulsa a más personas a las calles tras la pandemia
Son incontables las mujeres, niños y hombres, familias enteras las que salen todos los días a las calles de las principales ciudades del país para pedir dinero o comida. Las mujeres y niños más vulnerables aguantan amenazas, insultos y hasta acoso sexual en medio de la desesperación de no tener cómo sobrevivir después de que la pandemia llegó a Honduras.
La pobreza en su forma más extrema, siempre ha obligado a las personas a la mendicidad que durante años se ha documentado —a veces con morbo— y que en países como Honduras nunca ha tenido respuestas estatales que salven a los pobres de la precariedad económica y humana. Según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), el 38.7 % de la población hondureña ya vivía en pobreza extrema en 2018, esta es la última actualización de cifras en su sitio web. Cuando la pandemia por COVID-19 llegó al país, las expresiones de esa pobreza se volvieron más cotidianas, más evidentes. Esta pandemia y las medidas con las que el Estado ha respondido a la misma, han precarizado la vida de miles de personas, muchas de ellas se encuentran ahora viviendo en condiciones de calle, por haber perdido su fuente de ingreso.
Luego de la declaratoria de emergencia que impuso un toque de queda permanente e instó a la población hondureña a llevar una cuarentena (para la que no estaba preparada), miles de personas han sido obligadas a salir a los principales bulevares de la ciudades para pedir dinero, comida y cualquier cosa que ayude a sobrellevar la adversidad que implica afrontar la expansión del virus en territorio hondureño. En muchas de estas calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula a veces se veía jóvenes limpiando vidrios a cambio de lo que los conductores quisieran darles, otros hacían malabares hasta con machetes y bolas de fuego; no se veía familias enteras, tantas madres solteras y niños como después de la pandemia. El anillo periférico en Tegucigalpa ahora es un largo recorrido donde se ve grupos de personas con rótulos que anuncian su abandono.
La tasa de desempleo abierto (TDA) —o personas que quieren trabajar pero no encuentran una plaza— se mantuvo estable en más de 240 000 personas durante el 2019, eso significa un 5.7 % de la población económicamente activa (PEA), según la Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social (STSS). Pero con la pandemia muchas personas perdieron sus trabajos, a pesar de que dos semanas tras la declaratoria de la emergencia nacional se emitió el decreto ejecutivo PCM 021-2020, según el gobierno hondureño para evitar los despidos y garantizar los puestos de trabajo. Las empresas obligaron a sus empleados o «colaboradores» (según la nueva terminología) a compensar los días como vacaciones, ignorando por completo el escenario mundial y en un acto más de voracidad. Los trabajadores han recibido presiones de sus patronos para volver a sus puestos de trabajo, en muchos casos con salarios reducidos, mientras el país atraviesa el punto más elevado de la curva de contagio.
Pero los que no tenían un trabajo formal, una gran parte de la PEA de Honduras que sobrevive del comercio informal la tienen aún más difícil. Las medidas de reapertura de la economía nunca los contempló en el plan que terminó fracasando.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), publicado el 16 de junio, «producto de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentan dichas personas para acceder a los alimentos, señala la Cepal, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)».
En las ahora menos transitadas calles de las principales ciudades de Honduras, se puede ver a mujeres, madres solteras, trabajadoras domésticas que no han vuelto a trabajar porque sus empleadores temen que ellas lleven el virus a las casa donde trabajan, mujeres —jóvenes y ancianas— que deben soportar acoso sexual e insultos de parte de los conductores, que les tiren un lempira o que incluso amenacen con denunciarlos en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), para que les quite a los pequeños que no pueden quedarse en casa, porque no tienen, porque la perdieron por falta de pago en el alquiler. Son familias pobres que la pandemia ha hecho más pobres y más discriminadas.
Quienes están en las calles trabajaron antes en rubros como el de la construcción, transporte, electricidad, trabajo doméstico, por nombrar algunos. Todas estas personas tienen algo en común: no han podido quedarse en casa haciendo cuarentena, salvándose del virus, pidiendo la despensa por delivery o saliendo en sus vehículos solamente porque están cansados de estar encerrados. Todas estas personas, rechazadas por quienes salen protegidos para no contagiarse de COVID-19, temen más al hambre que al virus.