La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de Hábeas Corpus presentada el pasado 12 de junio por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Dicha demanda expone las medidas desproporcionadas contra las personas privadas de libertad en los Centros Penales de Izalco (en todas sus fases), Zacatecoluca, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios.
La Sala nombró a uno de los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal, como juez ejecutor, quien deberá intimar al presidente de la República, al ministro de Justicia y Seguridad Pública y al director de Centros Penales para que, entre otros aspectos, se pronuncien sobre las vulneraciones constitucionales alegadas, adjuntando la certificación de la documentación en la que fundamenten sus razones.
El juez deberá verificar en los registros de las autoridades gubernamentales, básicamente, la existencia de la documentación donde se establezcan cuáles son las restricciones impuestas en los centros penales; cuáles son las medidas ordenadas para prevenir y contrarrestar el contagio del Covid-19, así como los protocolos a seguir ante el hallazgo de contagio; y cuál es la cantidad de reos contagiados.
Como medida cautelar, la Sala ordenó suspender las medidas de máxima emergencia o el régimen penitenciario dispuesto por el presidente de la República, a través de Twitter, que no se encuentren justificadas y reguladas en la ley y que sean contrarias a la jurisprudencia constitucional e internacional.
También ordenó la ejecución de un protocolo específico para la prevención y protección de las personas ante el Covid-19, para resguardar el derecho a la salud de los privados de libertad y del personal administrativo, sanitario y de seguridad en los centros penales.
Las autoridades deberán presentar un informe sobre la realización de esta medida cautelar, en plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la admisión.
“No se trata aquí de defender delincuentes, sino de defender los derechos humanos fundamentales, que no se pierden totalmente bajo ninguna circunstancia. El Estado debe contar con todas las herramientas para atender adecuada y suficientemente los altos niveles de inseguridad y violencia que golpea a la sociedad salvadoreña, pero en esa tarea no debe replicar prácticas que atentan contra los derechos de las personas, más allá de cuál haya sido su conducta”, enfatiza la UCA.
Compartimos con ustedes nuestro comunicado sobre la aceptación de la @SalaCnalSV a nuestra demanda de Habeas Corpus presentada por UCA e IDHUCA, sobre las medidas desproporcionadas adoptadas en los Centros Penales pic.twitter.com/aD0uMI9Yxv
— Idhuca (@idhuca) July 23, 2020
