Las comunidades del Bajo Lempa en Usulután y Tecoluca en San Vicente, sufren de las más altas tasas de prevalencia de casos de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica en el país. Equivalente a 61.9 personas por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con miembros de la comunidad, existe hasta una persona por familia con este padecimiento.
Esta situación se ha visto agravada por las medidas de cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno en el contexto de la COVID-19, pues han generado más vulnerabilidad económica en las familias, hambre, criminalización y un agravamiento de la crisis sanitaria de las familias afectadas por la enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica, ya que ahora no pueden recibir atención sanitaria para su padecimiento, por lo que deben resolver a través de privados, explicó Bernardo Belloso, de CRIPDES San Vicente.
En este sentido, es necesario y urgente retomar la agenda ambiental y demandar por políticas que garanticen los derechos de la población y la protección del medio ambiente, dijo en conferencia de prensa Daysi Mejía, de CRIPDES El Salvador.
Las comunidades afectadas de Tecoluca en San Vicente y del Bajo Lempa en Usulután piden al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, que suscriban y ratifiquen de manera urgente el Acuerdo de Escazú de manera que se facilite la participación, acceso a información pública y a la justicia ambiental.
