Al mismo tiempo que celebramos la independencia de Centroamérica han aparecido noticias sobre una posible reforma de la Constitución salvadoreña, la ley fundamental que rige la convivencia entre todas las personas que viven en El Salvador y que por tanto debe ser trasparente y adecuadamente conocida por todos. Conocida no sólo en sus artículos, sino especialmente en los valores que los sustentan. Y en esto encontramos ya un problema. Los valores y conceptos de fondo que sustentan la Constitución salvadoreña son poco conocidos incluso por algunos políticos de diversos partidos. Que el Estado esté al servicio de la persona humana, y por supuesto de toda persona que habita en El Salvador no ha sido entendido por demasiados políticos: si lo entendieran, hubieran luchado con mucho mayor denuedo contra la pobreza, todavía demasiado extendida en nuestro país. Los conceptos de justicia social, bien común, bienestar que aparecen en los primeros artículos, tampoco han tenido mayor impacto en el liderazgo político o económico que ha ido marcando el rumbo del país. Nuestra propia gente se ha acostumbrado a tratar de salir adelante a partir de la iniciativa individual, porque del Estado se espera muy poco, a pesar de los bellos conceptos constitucionales. ¿Debe ser esto así? De ninguna manera. La iniciativa personal y privada es importante, pero el Estado debe aportar siempre los medios para que las personas desarrollen al máximo sus propias capacidades.
Cuando se redactó la primera Constitución de la Centroamérica independiente, el mundo universitario puso los primeros cimientos de los valores que deben regir una Constitución. El sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la guatemalteca Universidad de San Carlos y diputado de la Asamblea Constituyente, presentó la propuesta de la abolición de la esclavitud basándola en la igual dignidad de la persona humana. Este sentido socialmente responsable se fue abandonando después, en favor de un liberalismo demasiado dependiente de las nuevas élites económicas que propugnaban internamente, en la práctica, un desarrollo desigual. En El Salvador se puede decir que volvió a recuperarse el sentido social a partir de la constitución de 1950, que recogió muchos aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la larga tradición de desprecio de los pobres, mantuvo en la práctica una situación de profundas e injustas desigualdades. Se impuso así la tendencia a dejar como papel mojado los textos y los mecanismos que conducen a la concreción de la igual dignidad de la persona humana y al apoyo del desarrollo de sus capacidades.
Ahora se habla de hacer reformas constitucionales. Está bien, pero tal vez es importante primero reformar la conciencia ciudadana de lo que es una constitución. Aunque la Constitución actual reconoce el derecho a indemnización por retardo judicial desde hace 37 años, por poner un ejemplo, ni los abogados que redactaron estos artículos, ni los diputados que juran ser fieles a la Constitución, ni el Ejecutivo con su capacidad de propuesta de ley, se atrevieron a impulsar una legislación secundaria que hiciera efectivo el texto constitucional. Y el retardo judicial continúa endémico, y no precisamente al servicio de la persona humana. Tener un sistema público único y universal de salud no cabe todavía en la mente de nuestro liderazgo político, a pesar de ser lo más coherente con la justicia social que defiende la Constitución. Está bien hacerle reformas a la Constitución en algunos aspectos, pero antes tiene que ponerse de acuerdo la ciudadanía en algo tan sencillo como el bien común, que tantas veces invocamos, y probablemente seguiremos invocando, dada la escasez de vocabulario en el léxico político. Entender el bien común como el cumplimiento pleno de derechos tanto civiles y políticos, como económicos y sociales, no parece que quepa en la cabeza de algunos diputados presentes y futuros. Por eso, aunque el desarrollo técnico de algunas reformas constitucionales se realice en privado, la discusión pública y ciudadana es indispensable para que la Constitución no siga siendo un juguete de papel y la Independencia sea algo más que el lujo privado de los poderosos.
* José María Tojeira, director del Idhuca.
