Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El caos que vive actualmente El Salvador, y que puede acentuarse en los días subsiguientes; es desestabilización perfectamente controlada, para probar la inoperancia del actual sistema político, económico y social y, justificar el forzar, a un cambio constitucional, que opere una transformación en la estructura del país, iniciada ya, por la deliberación de los medios coactivos del Estado y, la manipulación de las finanzas estatales, que ha provocado una inercia social, que sólo augura, por el colapso económico nacional, una mayor emigración.
Los troles de Bukele, anuncian: “De aquí en adelante Decretos resoluciones y acciones anti pueblo… deben de ser pasadas por “el arco del triunfo”. Este juego ya comenzó, no tiene pueblo, policía ni Fuerza Armada”. Lo cual, prueba el control sobre el caos que vive el país, dirigido desde Casa Presidencial, convirtiendo a Nuevas Ideas, en su instrumento electoral.
El último pilar de las instituciones del Estado, es la coercibilidad, nacida del imperio de la ley, generando la coacción. Pero si la coacción es deliberante y no obediente, asume las atribuciones de las otras instituciones del Estado, que establecen y dirigen la vida social. Por ello, no deben ser permitidas las deliberaciones en los actos del servicio. Los hechos del 9F y la desobediencia ordenada por Bukele, en el Caso El Mozote, prueban la deliberación de la Fuerza Armada, ejecutada por sus mandos, actos que recaen en la institución entera.
Al valorar, el Director de la Policía, si es justificable, la no comparecencia del Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa o, si la presión que ejercen los sindicalistas a la Alcaldía de San Salvador, es justa, asume atribuciones propias del Ministerio Público y del Órgano Judicial, volviendo deliberante, a la Policía Nacional Civil.
Con este quiebre en la institucionalidad nacional, el Ejecutivo pretende extorsionar a las Alcaldías, Órgano Judicial y a la Asamblea Legislativa, reteniéndoles los fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación. En el presente y, según datos del Banco Central de Reserva, el Ejecutivo cuenta con poco más de 1500 millones, depositados en el BCR y en la banca nacional (sólo en agosto, ingresaron mediante deuda pública, más de 800 millones a las arcas del Estado).
Situación que genera un caos controlado, que va alimentándose sólo, pues las protestas de las Alcaldías, afectan la vida cotidiana por los servicios que proveen. El fin de este caos controlado, es justificar un cambio constitucional, que no sabemos lo que nos traerá, sólo podemos especular, en base a expresiones anteriores: en su campaña Bukele dijo: “No existen ni pastores, ni sacerdotes cristianos que valgan la pena y, mucho menos, que vayan a ser tomados en cuenta para la realización de nuestros planes para el futuro de la nueva patria”.
Dejó en claro, la intención de cambiar la estructura nacional y, por los vínculos que se han fortalecido con el mundo islámico, en el último año, es muy probable que, el financiamiento futuro de El Salvador, provenga de intereses árabes y sus aliados geopolíticos. Lo cual cambiaría el contexto actual, no sólo en el interior del país, sino en el exterior: se vería agravado, por una repatriación masiva.
La falta de respuesta política ante estos acontecimientos, sólo puede ser explicada por el “efecto manada” o “de arrastre”, (inducido por la manipulación de la opinión pública) que es la tendencia a aceptar como válidas, las ideas de la mayoría, sin analizar si son correctas desde el punto de vista lógico. Todo esto es posible, por carecerse de liderazgo claro, basado en la ideología fundada en los principios de libertad, que sustenta el Estado de Derecho.
