Diferentes organizaciones sociales presentaron esta semana un balance sobre el accionar del gobierno de turno, el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), Movimiento de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), Alianza de Mujeres Rurales, ALGES, Líneas Férreas, fueron algunas de las que presentaron el análisis.
El economista de PROES, César Villalona, señaló que en términos políticos consideró que es un gobierno que violenta la Constitución de la República, puesto que no presentó desde un inicio el plan de Desarrollo Social que exige la Ley de Protección Social, aprobada en el 2013.
“Este año arrancó con un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero e irrumpió en la Asamblea Legislativa, en una acción ilegal que ha sido calificada por la Sala de lo Constitución como violatoria de la Constitución, el fallo de la Sala es claro, porque dice que la Policía y la Fuerza Armada violan el orden constitucional y se había irrespetado la Constitución de la República”, expresó Villalona.
Asimismo, el Gobierno irrespetó al Órgano Judicial, bloqueando la apertura de archivos militares que había ordenado el juez del caso de la Masacre de El Mozote. “También se irrespeta a la Asamblea Legislativa cuando el ministro de hacienda no llega al Legislativo a rendir cuentas en 4 ocasiones, tampoco llegó la canciller de la República, tampoco el ministro de Salud, el jefe de la policía desacata una decisión de la Fiscalía General de la República, para que desaloje a los sindicalistas que tenían ocupado un tramo de la carretera donde llegan los desechos solidos de San Salvador, todo eso es un claro irrespeto al Órgano Judicial”, aclaró Villalona.
Señaló que otro rasgo de este gobierno es la falta de transparencia, “No rinden cuentas a la Corte de Cuentas, la entrega de los $300 dólares a un poco más de un millón de personas y un cuestionamiento de $30 millones de dólares de esos que se entregaron el ministro de hacienda no rinde cuentas, los funcionarios no rinden cuentas en la Asamblea”.
Asimismo, el Gobierno modificó la Ley LACAP, en el sentido que ya no se puede conocer las licitaciones que se presentan para las compras públicas, “solo conoceríamos la empresa que ganó la licitación y no a las que perdieron, por lo cual no podríamos hacer un balance, violó el reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública imponiendo una planilla de periodistas vinculada al gobierno”.
“En fin hay una falta de rendición de cuentas y transparencia”, concluyó.
