Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
A lo largo de la historia latinoamericana los conflictos internos se derivaron por los abusos desde el poder, provocados por las clases pudientes que se sirven del estado para preservar sus intereses y privilegios; tan cruentos e infames son los detalles de tales abusos que para el caso y en lo relativo a nuestro país como ejemplo, podemos ilustrarlo con el episodio sucedido en enero de 1932, durante los levantamientos campesinos en Izalco, impune aún, cuando de acuerdo a las fuentes que sean consultadas las pérdidas de ciudadanos asesinados por el estado salvadoreño van desde los 5,000 reconocidos oficialmente y en el marco de la cultura, adelantada desde el mismo estado, de negación y olvido de hechos como éste, o los 35,000 reportados por el historiador Héctor Lindo en 2007, hasta los 70,000 que sumara las purgas que por razones étnicas y culturales, le siguieron al 22 de enero de aquel año, durante los sucesivos 7 meses y en contra de todas las personas de habla, cultura e idiosincrasia originaria, lo que provocara el infame etnocidio denunciado en el informe basado en los textos de Benjamín Arucha que sobre las defunciones “por razones violentas” se levantaran en aquel año, de acuerdo al investigador Erick Ching.
En consecuencia y para evadir los juicios de la historia, la propia historia se aborda desde el estado salvadoreño evadiendo y minimizando estos episodios, anulando cualquier juicio de valor que sobre ellos se debiera provocar, ofreciéndonos por ello una visión parcial y hasta surreal de las mismas con el propósito reseñado, lo que ha degenerado en un estado desmemoriado y consecuentemente incapaz, en el que las instituciones son casi inexistentes e incumplen con sus obligaciones, pues de lo contrario su primer objeto de juicio sería el propio estado y por los delitos cometidos.
Impensable.
En ese marco podemos ya abordar el presente en un intento de aproximarnos para comprenderlo, apreciando como en ninguna otra latitud de nuestra región, el ejecutivo se presenta como un neo caudillo, anulando al legislativo y judicial, de quienes ha prescindido en su ejercicio, pasando por sobre ellos, pero también recibiendo la complicidad de ellos.
Para lograrlo, el ejecutivo se ha valido de la alienación de la población por medio de las redes sociales, a través de las cuales ha captado a amplios sectores, que simplemente se le han sometido, reduciéndose a apenas consumidores de las notas que les dirige, sin deglución apenas del contenido. Ello solo se explica en el agotamiento que las seudo instituciones nacionales han provocado en la población, siempre excluida de cualquier beneficio, como expoliadas de estas.
Sin embargo, los riesgos evidentes pueden estimarse apenas considerando los niveles de intolerancia y violencia que padecemos, y como pueden estos derivar en enfrentamientos sociales fuera de control, aparentemente porque el ejecutivo no lo advierte.
En ese sentido solo el orden dictado por la norma constitucional puede ordenar la casa, antes que sea tarde, pero ello requerirá un compromiso civil del que la clase política carece.
*Educador salvadoreño
