Tras conocerse el informe anual correspondiente a 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en relación a la Auditoría en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), un diputado de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa quien pidió su anonimato en entrevista concedida a un medio de comunicación digital mostró su preocupación por las «ilegalidades» presentadas.
Según el parlamentario, existe una gran cantidad de irregularidades en la utilización del Centro de Escuchas.
Expresó que «es preocupante que de 61 expedientes auditados, solo 2 de ellos se destruyeran como lo ordena la ley». Además, 43 expedientes presentan ilegalidades.
Según el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), se deberá destruir toda la grabación y sus transcripciones.
Ante esta información, el diputado cuestionó el porqué no se destruyeron los otros 59 expedientes, tal y como lo establece la ley en cuestión.
En el informe brindado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, se dejó en evidencia que el director del centro de escuchas, deliberadamente obstaculizó la labor de dicha instancia.
