La libertad de expresión, la democracia y el estado de derecho han sido afectados -en el país- en el período de la pandemia , según investigación presentada por FESPAD.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó esta semana la investigación “Defendiendo los Derechos Humanos en El Salvador en tiempos de COVID-19”.
“El Estado salvadoreño se ha negado a generar condiciones legales para la protección de personas defensoras, aún cuando en el país se han dado casos de persecución, amenazas, intimidación, criminalización e incluso asesinatos”, dice el director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños.
Además, el Órgano Ejecutivo continúa sin acatar las limitaciones establecidas por la Asamblea Legislativa y confirmadas por la Constitución de la República, a pesar de eso lanzó una campaña de ataques verbales contra legisladores y magistrados del Órgano Judicial.
Según el director ejecutivo de FESPAD, durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 el Estado no protegió los derechos humanos.
“En el 2020 y en lo que va del presente año se han restringido más algunos de los derechos de las personas que defendemos derechos. La crisis que estamos pasando con el COVID-19, nos ha puesto a prueba esos compromisos que el Estado debe tener para la defensa de los derechos humanos. Es esencial que el Estado salvadoreño reitere el compromiso de proteger y reconocer a quienes de manera individual o de manera colectiva defendemos los derechos humanos”, advierte Baños.
El representante de FESPAD asegura que el Estado salvadoreño debe emprender acciones para proteger los derechos humanos, “incluso en estos momentos de crisis donde se debería tener esa institucionalidad para proteger los derechos humanos de manera general”.
El informe de FESPAD indica que al cierre de la cuarentena, el Órgano Ejecutivo había emitido sus propios decretos de emergencia, declarados inconstitucionales de inmediato por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a la vez había vetado los decretos sobre la misma materia, emitidos por la Asamblea Legislativa.
Por su parte, Loyda Robles de FESPAD manifestó que el manejo de la crisis, ante la pandemia, hecha por el gobierno registró conflictos con la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial.
“En el plano institucional había tensiones en el proceso de formación de Ley en los tres Órganos de Estado, al punto que algunas disposiciones para el manejo de la crisis, se aplicaron aun cuando había conflictos en proyectos y en los decretos. Como decía inicialmente ya había tensiones entre Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y posteriormente interviene la Corte Suprema de Justicia y se vive una situación de crisis por pandemia en el país”, explicó Robles.
La encargada de la Relatoría de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Montserrat Benítez, señaló que los defensores de los derechos humanos tuvieron un impacto de riesgo a sus labores en la emergencia sanitaria.
“Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, la Comisión y la Relatoría de Personas Defensoras de los Derechos Humanos ha monitoreado de manera cercana el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en el derecho de defender derechos humanos. Ante esta emergencia sanitaria sin precedentes, la Comisión emitió la resolución 01-20 sobre Pandemia y Derechos Humanos la cual es retomada en la investigación de FESPAD y a través de esta resolución, la Comisión estableció que las personas defensoras de derechos humanos se encuentran dentro de los grupos que enfrentan una especial situación de riesgo”, expresó Benítez.
De acuerdo con Montserrat Benítez, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha observado con preocupación que durante este tiempo de pandemia, en varios países de la región, se adoptaron medidas para hacer frente al COVID-19 las cuales podrían conllevar a vulneraciones de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos.
El informe de FESPAD reporta que durante el período de la pandemia COVID-19 cientos de personas detenidas, en los centros de contención, buscaron justicia por la arbitrariedad gubernamental y violación de sus derechos al traslado que les aplicaban.
Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también recibió cientos de denuncias por diferentes tipos de derechos vulnerados. A esto se sumaron los cuestionamientos hechos por el presidente de la República en su cuenta de Twitter en contra de las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos.
