Por: Jorge Molina y Meraris López*
Es innegable el protagonismo que la Fuerza Armada de El Salvador ha recuperado en varias dimensiones de la vida nacional, incluyendo la injerencia en el área de salud, catapultada por el rol que se le ha asignado en el contexto de la pandemia por la covid-19. Esto no quiere decir que anteriormente no estuviera presente, simplemente no formaban parte integral de una estrategia de medios que la pusiera en el centro de acción y atención.
Tanto en la historia de El Salvador como en la de América Latina, el papel de la Fuerza Armada ha ido mutando, en concreto, Medeiros (2021) expresa que los gobiernos de América Latina hacen uso de las fuerzas armadas para “asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social”. Es necesario recordar que estas acciones son el resultado de un proceso sociohistórico en Latinoamérica, donde a pesar de haberse expuesto públicamente los señalamientos de violaciones y fallos por parte de las fuerzas armadas, especialmente en El Salvador, la ciudadanía parece seguir otorgando un voto de confianza al Ejército. Este proceso sociohistórico se ha visto acompañado de esfuerzos por “intensificar la militarización de la esfera pública” (Verdes-Montenegro, 2020) y actualmente, las herramientas de difusión encaminan a una estrategia de imagen a través de medios masivos y alternativos que apelan a la promoción de valores, orden, disciplina y, sobre todo, algo que el pueblo salvadoreño parece anhelar aún más que la democracia: la sensación de seguridad.
El Salvador posee una larga historia respecto al control ejercido por los militares en diversos rubros, desde la participación en tareas de infraestructura y dirección de empresas públicas a inicios del siglo XX hasta las arbitrariedades en las calles y el abuso de autoridad en los llamados “centros de contención” durante la cuarentena domiciliar obligatoria en 2020 (Medeiros, 2021).
A pesar de esto, y de la presencia militar en la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero de 2020, previa a la crisis sanitaria, un 84.7% de la población salvadoreña piensa que la PNC y la Fuerza Armada han hecho un buen trabajo en cuanto al apoyo en el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno durante la pandemia. Asimismo, el 50.6% de la población expresó tener mucha confianza en la Fuerza Armada durante el año 2020 (Instituto Universitario de Opinión Pública, 2021). Aunque un 50.9% desaprueba acciones como el bloqueo al acceso de los archivos militares de la masacre de El Mozote, las y los salvadoreños evalúan muy bien a la Fuerza Armada de El Salvador. Dicha institución aparece con una calificación superior a instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (Instituto Universitario de Opinión Pública, 2021).
Es justamente durante la pandemia que la institución castrense parece estar obteniendo el empuje y la tracción necesaria para militarizar el cotidiano, en esta ocasión no solo a través de tareas de vigilancia o gestión política de las crisis, sino también de militarizar la atención sanitaria y el sistema de salud. Diamint (2020) reflexiona en cómo el avance de la militarización durante la pandemia genera una serie de interrogantes sobre la democracia, o más bien, sobre las democracias ficticias, en todo caso, una de estas interrogantes es el posible deterioro y debilidad de la institucionalidad democrática.
Acerca de la militarización, Martínez y Passos expresan que “Se trata de la incubación de visiones más punitivas que permean a una comunidad y al interior de las instituciones policíacas” (Martínez y Passos, 2019, citados en Diamint, 2020, p. 11). Las acciones de la Fuerza Armada durante la pandemia implican no solo la militarización del espacio público, sino también la intromisión en la vida privada, en este caso, en pro de la salud de la población a través de un cese de los derechos y la aceptación punitiva.
Curiosamente el protagonismo durante la crisis de salud ha contribuido a reforzar una percepción positiva a través de una serie de estrategias de imagen, los cercos sanitarios dieron la impresión de ser Estados de Ocupación, con un despliegue de armamento (como tanquetas) y una escasa presencia de personal médico. Esto adquiere relevancia cuando se presenta en un país donde alrededor de tres décadas atrás enfrentaba un conflicto armado, y la presencia de tanquetas y militares en las calles fueron el diario vivir.
Una de las razones de este despliegue militar es la posibilidad para “ocultar las falencias de las políticas públicas” (Diamint, 2020, p. 12), y además apelar al miedo, a la “fórmula bélica”, y al pasado normado a través de la punitividad. Como ejemplo de esto, Verdes-Montenegro (2020), menciona el cierre del Puerto de la Libertad, donde luego de difundirse un video en redes sociales, desde de la cuenta de Twitter del Presidente de la República, este ordenó el cierre total del municipio y dejó al Puerto de la Libertad a cargo del Ejército y se prohibió cualquier tipo de circulación “contraviniendo principios como el de legalidad y proporcionalidad” (p.6).
Más recientemente el protagonismo vuelve el foco a la Fuerza Armada, con la puesta en marcha del “Plan de Vacunación COVID-19”, en el cual el Comando de Sanidad Militar monitorea la distribución, custodia y logística de las vacunas. En este caso, la gestión del Plan sugiere un primer plano de acción para la Fuerza Armada y un segundo plano para el Ministerio de Salud. Es necesario advertir que la Organización Mundial de la Salud (2007) expone que el despliegue de fuerzas militares puede traer oportunidades en materia de salud pública, como la vigilancia en el control de enfermedades infecciosas, e incluso sugiere que estas preferiblemente debían trabajar de la mano con personal civil y fuerzas militares internacionales.
Sin embargo, en el contexto de la realidad salvadoreña, esto debe ser analizado de forma crítica, sobre todo si se analizan los eventos recientes, entre ellos, una gestión presidencial caracterizada por “métodos comunicativos disruptivos”, discursos orientados a la polarización, y prácticas dirigidas a fomentar medidas de excepción y presencia militar. Todas estas medidas presentan un riesgo de retroceso en el camino hacia la democracia (Verdes-Montenegro, 2020).
La ruta de militarización de la salud en contraste con la promoción de una pedagogía de la salud y participación ciudadana evidencian que para El Salvador el enfoque para combatir la pandemia gira en torno a la punición, lo que ha hecho aun más vulnerable el respeto y fortalecimiento de la tan anhelada democracia. En vista del grado de aceptación que goza la Fuerza Armada de El Salvador, la estrategia no debería parecer algo novedoso, ni tampoco peculiar, sobre todo si a la base de esta se encuentra el olvido, y una especie de negación al estilo freudiano. Ese olvido parece ocultar dos pasados, los pasados lejanos y distantes, entre los golpes de Estado y los crímenes de lesa humanidad, y los pasados recientes (y no menos sorprendentes), esos pasados que giraron alrededor del castigo y el autoritarismo durante la cuarentena obligatoria, esos pasados que permitieron la militarización de la Asamblea Legislativa y hoy parecen comenzar a reposar en los terrenos del olvido.
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Referencias
1. Chretien, J., Blazes, D., Coldren, R., Lewis, M., Gaywee, J., Kana, K., Sirisopana, N., Vallejos, V., Mundaca, C., Montano, S., Martin, G. y Gaydos, J. (2007). Importancia de los militares de los países en desarrollo en la vigilancia mundial de las enfermedades infecciosas. Boletín de la Organización Mundial de la Salud V.85 p. 161-244. https://www.who.int/bulletin/volumes/85/3/06-037101-ab/es/
2. Diamint, R. (2021). Paz y seguridad, el regreso de los militares a la política. Militarización, pandemia y democracia. Análisis. Friederich Ebert Stiftung-Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16855.pdf
3. Instituto Universitario de Opinión Pública (2021). La población salvadoreña evalúa la situación del país a finales del año 2020. Boletín de prensa Año XXXV No1. https://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/Boletin-Preelectoral-enero-febrero-2021.pdf
4. Medeiros, A. (2021). La militarización en América Latina en tiempos de Covid-19. The Conversation. https://theconversation.com/la-militarizacion-en-america-latina-en-tiempos-de-covid-19-154781
5. Verdes-Montenegro, F. (2020). Excepcionalidad y Covid-19: un test democrático para América Latina. Análisis Carolina No34. Fundación Carolina. https://doi.org/10.33960/AC_34.2020
*Jorge Molina, del Departamento de Psicología; y Meraris López, del Departamento de Economía. Este texto es fruto de un proceso de análisis y reflexión realizado en el marco del proyecto “Covid-19 y violencia estructural”, financiado por el Fondo de Investigación de la UCA. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 38.
