Por: Raul Moreno*
En un país como El Salvador, donde los puentes se caen antes de ser inaugurados y donde «La Esperanza» es el nombre del principal centro penitenciario, no resulta raro de nominar «cajeros amigos» a máquinas dispensadoras de dinero, aunque éstos muchas veces nos roben sin que nadie haga algo al respecto. A pocos extraña la construcción de «carreteras de oro», mientras la Corte de Cuentas de la República no logra entender el por qué del «dorado» mote y menos que tome cartas en el asunto; quizás falte un ente controlador del ente controlador.
En esta tierra patas arriba también se presencian complicados actos de magia, destacan la desaparición de treinta y una rastras cargadas de abono donado por el gobierno japonés de las bodegas de un banco del Estado; millones de colones en droga requisada a narcotraficantes que se esfuman ante los ojos de jueces y autoridades; conocidos personajes que «se tornan invisibles» después de haber defraudado a la economía pública desde sus bancos; peligrosos criminales que «se transforman en sillones, en roperos o en ancianitas» para desaparecerse de los penales en que han sido recluidos. Siendo así, a nadie le sorprende que la ayuda o los donativos enviados por la cooperación internacional para las víctimas del Huracán Mitch y de los terremotos aparezcan en las góndolas de los supermercados, que los alimentos donados se arruinen en alguna bodega y menos, que las autoridades gubernamentales de la Dirección de Protección al Consumidor avalen la entrega de latas de aceite de oliva español con fecha de vencimiento caducado a las víctimas más pobres del terremoto.
En este contexto de contrasentidos, el Estado subsidia algunas empresas mientras que las familias más pobres no reciben subsidios; los monopolios son promovidos y premiados por la legislación; el ente supervisor del sistema financiero es financiado por las instituciones supervisadas. Aunque la pobreza es la enfermedad crónica que padece el sistema nacional de salud, las autoridades se obstinan en tratar a este paciente con «medicamentos caducados» y adquiridos en licitaciones obscuras; la aprobación de la «Ley de Dolarización» se logra a través de un canje de votos entre partidos de derecha para evitar el dasafuero de un diputado ebrio y pistolero; los «sabios médicos de la economía salvadoreña» recomiendan dolarizar cuando las cuentas fiscales están ingresadas desde hace varios años en la Unidad de Cuidados Intensivos, y encima nos quieren convencer con que la dolarización será «buena para ti y buena para todos».
Sólo desde esta lógica al revés, se entiende que el principal partido político de oposición, haga todo lo necesario para perder la posibilidad de llegar al poder, cuando habría que hacer muy poco para ganar. En este paisito patas arriba, cientos de familias desfilan durante los fines de semana frente a los escaparates de Metrocentro en un acto de masoquismo nacional, observando ante los cristales los muchos artículos que sus salarios no les permitirán comprar. Los salarios del campo son casi la mitad de los salarios urbanos, pese a los mayores niveles de pobreza rural; las familias que tienen la «suerte» de recibir un salario mínimo califican como pobres extremos, por Decreto Ejecutivo. Pese a que los salarios mínimos son incapaces de cubrir el costo de los requerimientos mínimos calóricos familiares, algunas veces se alzan para justificar la contratación por horas y la supresión del salario mínimo.
En este paisito prevalece el reino de la impunidad, quienes roban una gallina van presos; sin embargo, los que asaltan los bienes públicos son señores que no van a la cárcel, ellos tienen las llaves de las cárceles. En este pequeño mundo al revés, que es prioridad de muy pocos, se paga por servicios nunca recibidos: facturas por el aire que conducen los gritos de agua, llamadas telefónicas nunca realizadas y servicios de recolección de basura inexistentes. A juzgar por lo que se observa en la Honorable Asamblea Legislativa, la mayoría de «representantes del pueblo» mantienen con disciplina los ejercicios físicos que les permiten levantar la mano con enorme facilidad. Los conflictos de intereses de algunos funcionarios públicos campean a diestra y siniestra, personajes demandados y cuestionados «dirigen» instituciones públicas; se hacen transferencias millonarias pagadas por el pueblo para saldar las cuentas pendientes entre bancos y se opta por el financiamiento público de las cuentas privadas de sus amigos.
La economía de este solarcito al revés tiene que expulsar anualmente a miles de ciudadanos hacia Estados Unidos para mantenerse a flote. Las autoridades encargadas de aplicar la política económica pretenden convencer a cuatro millones de personas que la pobreza en que viven es una ficción, argumentando que la realidad se dibuja en los cuadros de indicadores macroeconómicos preparados por ellos y que exponen una economía salvadoreña sana, estable y creciente. Las autoridades económicas nacionales defienden con uñas y dientes un modelo reconocido como fracaso por aquellos extranjeros que lo engendraron; la puesta del gobierno en materia de política económica está centrada en posibles concesiones que nos otorgarían otros países o en ventajas derivadas de situaciones que no controlamos habrá entonces que comprar muchas veladoras y orar por los favores y las ventajas esperadas. Resulta increíble saber cómo una decisión puede ser favorable sin antes haber realizado un solo estudio de impacto; así, la firma del TLC con México se presenta como la mejor noticia económica desde la llegada de Cristóbal Colón, la clave del progreso y la mejor política nacional de empleo —poco y malo es mejor que nada—.
Es curioso escuchar las voces de quienes con sus letanías sacralizan el mercado y satanizan las acciones del Estado, porque son ellos quienes han recibido y continúan recibiendo muletas, favores y beneficios concedidos por un Estado que tienen privatizado. Esas mismas voces encargaron en los noventa la intervención del Banco Central de Reserva para sanear la carretera morosa de los bancos y luego repartirla entre unos cuantos banqueros; años más tarde encargaron la dolarización de la economía y la consecuente fijación del precio de la divisa —más no de las tasas de interés y menos de los precios de los productos de la canasta básica—; y algunos todavía continúan recibiendo incentivos y beneficios del Estado a través de la devolución del seis por ciento del valor de las exportaciones de los productos no tradicionales, el subsidio al gas licuado y al diesel, la dispensa discrecional en el pago de aranceles y el tratamiento preferencial en las negociaciones comerciales. No cabe duda que pervive una doble moral entre estas letanías, no existe coherencia entre el «decir» y el «hacer» de los «santos varones del mercado».
Esta lógica al revés también ha terminado imponiéndose en el proceso de «transición hacia la democracia», el bálsamo que supuso la creación de instituciones y espacios de participación política y ciudadana después de los Acuerdos de Paz va perdiendo progresivamente su poder curativo; y es que con los años, los pocos espacios de participación ciudadana se han ido cerrando en el país; aunque vale decir que en materia económica la participación democrática nunca estuvo abierta.
En este paisito con un orden de cosas invertido, merece la pena enderezarlas y poner las patas en el suelo, este debería ser nuestro reto. Desde los zapatos de quienes soportamos los costes de las decisiones de otros, vale preguntarnos: ¿quién facultado al gobierno para asumir decisiones trascendentales en perjuicio de la ciudadanía, siendo que la mayoría ni siquiera ha votado por ellos?, ¿acaso el voto recibido por los presidentes electos es un cheque en blanco para que puedan recetarnos las medidas que convienen y deciden un reducido grupo de personas?, ¿cuándo nos preguntaron si estábamos de acuerdo con la venta y el uso que le han dado a los activos de nuestra propiedad, como ANTEL, las distribuidoras de electricidad, los ingenieros, los fondos de pensión, y ahora la distribución del agua potable?, ¿quién asume las responsabilidades frente a los fracasos?, ¿a quién o a quiénes vamos a juzgar por las decisiones erróneas que se han asumido y siguen asumiendo?, ¿podremos ver y escuchar a quienes han sacralizado y promovido la dolarización de la economía a la vuelta de unos años, asumiendo con la misma vehemencia la responsabilidad por sus decisiones cuando las secuelas de tal medida demuestren la ficción de sus promesas?. Ante este torbellino de contrasentidos, el verbo es concertar, una acción cuya conjugación lamentablemente aun no ha sido aprendida por el gobierno, y que los actos sociales desde una posición propositiva deberíamos empujar.
*Fundación para el Desarrollo (FUNDE).
