Lucía López.
Grupos de defensa de los inmigrantes han organizado marchas en 60 ciudades de Estados Unidos en contra de la decisión de la Administración de Donald Trump de separar a padres e hijos indocumentados detenidos en la frontera con México.
Se trata de la segunda jornada de protestas en contra de la entrada en vigor de la política de “tolerancia cero” del Gobierno americano contra el cruce ilegal. La Fiscalía anunció que presentará cargos penales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente, en un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina.
Sin ley que ampare a estas familias
Aunque no se sabe con exactitud cuántas familias han sido separadas en la frontera, Reuters apunta que la cifra rondaría las 1.800 desde que en el verano de 2017 el Gobierno de Trump puso a prueba su política de “tolerancia cero” en el Valle del Río Grande, Texas.
Según los defensores de los inmigrantes, las Patrullas Fronterizas mienten a las familias que cruzan la frontera sobre la razón y el tiempo que van a ser separados. Algunos medios de Estados Unidos afirman que los agentes les aseguran a los padres que se llevan a los niños brevemente para ser interrogados o que simplemente se los llevan para darles un baño, pero las horas pasan y las madres no vuelven a tener noticias de sus hijos.
Actualmente no hay una ley oficial que establezca que cada familia que ingrese en Estados Unidos sin papeles debe separarse. Lo que sí existe es una ley según la cual todos los adultos atrapados que crucen ilegalmente la frontera deben ser procesados penalmente y, cuando eso le ocurre a un padre, la separación es inevitable.
Normalmente las personas que han sido detenidas intentando cruzar a EEUU ilegalmente son detenidas por inmigración y enviadas ante un juez para ver si serán deportadas como inmigrantes no autorizados. Pero todos aquellos que han sido remitidos para un procesamiento criminal son enviados a una cárcel federal, donde no se puede mantener a los niños.
El sistema que lidia con los niños está colapsado
Una vez son separados de sus padres, estos niños son designados oficialmente por el Gobierno de Estados Unidos como “niños extranjeros no acompañados”, una categoría que generalmente describe a las personas que vienen a EEUU sin un pariente adulto que llegue con ellos. Bajo la ley federal, estos menores son enviados a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR). Esta organización es responsable de identificar y examinar al pariente más cercano o amigo de la familia que vive en EEUU a quien se puede liberar.
Pero actualmente el sistema para lidiar con niños inmigrantes no acompañados está prácticamente colapsado. Las instalaciones de la ORR están al 95% de su capacidad desde el pasado 7 de junio, con alrededor de 11.000 menores acogidos (cabe destacar que la mayoría de estos niños llegaron al país sin sus padres).
Pero la agencia lleva sobrecargada durante años debido al retraso acumulado desde 2014, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza terminaron teniendo que cuidar a los niños durante días. Un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) publicado en mayo de 2018 documentó cientos de denuncias de “abuso verbal, físico y sexual” de niños no acompañados por los agentes en aquella época.
Lo que tampoco está claro es si estas familias se vuelven a unir más tarde.
En una demanda de la ACLU, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo al juez que “una vez uno de los padres está bajo custodia del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el niño ingresa en el sistema de Salud y Servicios Humanos, el Gobierno no trata de reunirlos, sino que en el caso de que el niño tenga otro pariente en el país, lo intentan colocar”. Pero por otra parte, desde el ICE afirman que una vez los padres han terminado sus sentencias penales por la entrada o reingreso ilegal, pueden reunirse con sus hijos en detención migratoria civil durante la petición de su caso de asilo.
Sin consenso sobre la legalidad de estas medidas
Y mientras estas separaciones se siguen dando diariamente en la frontera con México, las organizaciones por los Derechos Humanos, incluida las Naciones Unidas, siguen discutiendo si Estados Unidos está violando leyes internacionales por procesar penalmente a los solicitantes de asilo. Sin embargo, ninguna Administración ha estado de acuerdo con esa interpretación. Sin ir más lejos, el Gobierno de Obama también procesó a algunos solicitantes de asilo, pero no con la misma frecuencia. Sin embargo, los tribunales federales han dictaminado que es ilegal mantener a un inmigrante detenido con la esperanza de disuadir a otros, en lugar de hacer evaluación individual sobre si ese inmigrante necesita ser detenido. Esto podría allanar el camino para que los defensores de los inmigrantes puedan luchar contra la separación familiar o, al menos, forzar al Gobierno a comenzar a ayudar a las familias a reunirse después de que los padres hayan sido sentenciados.
Desde la Casa Blanca aluden a la Biblia
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha aludido a la Biblia para defender la política antiinmigración de la Administración de Trump. Sanders habló en la sesión de información de la Casa Blanca en respuesta a una pregunta sobre los comentarios hechos por el fiscal general Jeff Sessions, quien citó un pasaje de la Biblia para justificar la “tolerancia cero” de Trump.
“Me gustaría citaros al apóstol Pablo y su mandato claro y sabio en su carta a los Romanos 13, que pide obedecer las leyes del Gobierno porque Dios lo ha ordenado con el propósito de ordenarlas”, dijo Sessions, quien añadió que los procesos legales y ordenados son buenos en sí mismos y protegen a los débiles y legales.
Cuando en la rueda de prensa fue preguntada acerca de dónde dice en la Bilbia que es moral alejar a los niños de sus madres, la secretaria de prensa sostuvo que “no conozco los comentarios del fiscal general ni sé a qué se refería, pero puedo decir que es muy bíblico hacer cumplir la ley. Eso se repite en toda la Biblia”.
