América Latina va a contracorriente. Mientras que varias ciudades estadounidenses prohibieron la vigilancia mediante reconocimiento facial —y que Microsoft, Amazon e IBM dejaron de vender esa tecnología a las policías—, los Gobiernos latinoamericanos apuestan por ella como solución a los problemas de seguridad. Pero ¿es más beneficiosa que dañina?
A pesar de la pandemia de COVID-19 en América Latina, durante la segunda mitad del 2020 los Gobiernos se las arreglaron para aumentar sus capacidades de vigilancia mediante tecnologías de reconocimiento facial e ir a contracorriente del norte del continente.
Se trata de una tecnología “altamente intrusiva”, que “obliga la recolección y almacenamiento de un dato sumamente íntimo, como es nuestro rostro”, junto a otros datos biométricos, se explica en el proyecto Reconocimiento Facial.Info que llevan adelante varias organizaciones sociales latinoamericanas.
Los datos biométricos son particularmente delicados: a diferencia de otros datos como la dirección o el nombre, no se pueden cambiar fácilmente. Son datos que remiten al cuerpo como signo identificador, desde el rostro y la huella dactilar, hasta la voz y forma de andar.
En América Latina y el mundo, los Gobiernos implementan estas tecnologías principalmente bajo la premisa que que servirá para prevenir delitos y capturar a personas en conflicto con la ley. Pero ahora también alegan que es necesaria para controlar la posibilidad de contagios de COVID-19 y cuarentenas en las ciudades, y para fiscalizar el tránsito entre países. Pues ya se utilizan tecnologías que son capaces de reconocer a personas con barbijo.
Sin embargo, el argumento de seguridad es desmentido por organizaciones de derechos humanos —entre ellas Privacy Savvy, que asegura que “más cámaras de videovigilancia no se traducen en menos delincuencia y más seguridad”—, y el de sanidad pública, para muchas, implica una vulneración continua al derecho a la privacidad.
Detrás del uso estatal de tecnologías de vigilancia a través de reconocimiento facial yace un gran dilema de proporcionalidad: ¿existe un equilibrio entre lo que el Estado necesita para, en este caso, darnos seguridad, y lo que nos quita, nuestro derecho a la privacidad?
¿Se justifica que la Policía monitoree a todos los que circulen por las ciudades constantemente, que obtengan datos biométricos, en pos de encontrar una determinada cantidad de personas en conflicto con la ley, ínfima en comparación a la población total vigilada?
