El Estado sigue sin controlar el territorio, a pesar del ruido que mete Casa Presidencial con su Plan de Control Territorial. La última prueba de ello es el hallazgo fortuito de la fosa colectiva en Chalchuapa, que alberga varias decenas de cuerpos de mujeres abusadas sexualmente, de hombres y de menores de edad. El descubrimiento no fue obra de acuciosidad policial, sino del grito desesperado de una víctima y de la pronta reacción de los vecinos. La PNC ni siquiera se presentó con la presteza del caso. Este hecho horroroso se suma a la constante información sobre familias obligadas a abandonar su vivienda por las pandillas, en diferentes partes del país (las últimas en Panchimalco). En algunas colonias de Soyapango, las pandillas controlan también la distribución del agua. “De qué sirve que ahora vengan policías y soldados y nos digan que nos quedemos, que nos van a dar seguridad”, cuestiona un vecino de Panchimalco, si “se van a quedar mientras pasa la alarma y luego se van a ir como ha pasado en otros caseríos”.
El asesino en serie de Chalchuapa ha puesto en aprietos a una Casa Presidencial desconcertada, que no sabe cómo manejar el descubrimiento sin perder la cara. El país no parece ser tan seguro como pregona. Mientras las familias indagan sobre el hallazgo con la esperanza de localizar los restos de seres queridos desaparecidos, los funcionarios evaden las respuestas. No están claros sobre la cantidad de cadáveres encontrados; ni sobre la autoría de los asesinatos, que atribuyen a “un psicópata trastornado [sic]”, aunque hay otros capturados; ni sobre los beneficios concedidos al principal imputado. Los asesinatos en serie en Chalchuapa no serían más que una simple casualidad para estos funcionarios.
Atrapados por los hechos, los funcionarios de seguridad pública optan por atacar a la prensa, sin ahorrar epítetos descalificativos. Les incomoda sobremanera que el caso de Chalchuapa y las desapariciones cuestionen la eficacia de su plan de seguridad. “Mejor atáquennos directo”, reclama el ministro del ramo, “pero dejen de estar generando una sensación de que el Plan de Control Territorial es un fracaso”. La necesidad de preservar su vigencia, un pilar del régimen de Bukele, los obliga a negar sistemáticamente el aumento de las desapariciones, en contra de la evidencia empírica.
El ministro de seguridad intenta quitar hierro al fenómeno alegando que “tiene demasiadas aristas”, pues “hay desapariciones que están relacionadas con la actividad de grupos irregulares, otras con temas de familia, hay otras con temas incluso personales, de deudas”. Dicho de otra manera, no tiene mayor información sobre el fenómeno, desconoce sus motivaciones, su forma de operar y su impacto. Impotente y torpe, atribuye a la prensa la invención del fenómeno: “Como no hay muertos, hay desaparecidos”; y la amenaza: “No vamos a permitir que ellos sigan mal utilizando eso para generar zozobra”. La política oficial silencia todo aquello que ponga en aprietos al régimen.
El silencio presidencial sobre los asesinatos en serie de Chalchuapa y sobre las desapariciones en general es inmoral e inhumano. El régimen es duro con las víctimas de la violencia social. Es incapaz de comprender la angustia y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Casa Presidencial enfatiza el éxito del Plan de Control Territorial. Bukele se congratuló porque “gracias a la rápida acción de nuestros oficiales e investigadores” se identificó al asesino en serie. Mientras tanto, en varios comentarios vulgares, el diputado jefe de su fracción despreció la angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos. Y en el colmo de la insensibilidad, el ministro de seguridad pretende extender a estos el silencio oficial. Les exige no buscarlos por las redes sociales, porque crean “inseguridad” y facilitan “el mal manejo intencionado” y porque “están fregando sicológicamente a sus hijos, porque los niños están apareciendo en las redes sociales”. En vez de ser “profetas de calamidades”, deben acudir a una Policía impotente e indiferente a sus denuncias.
La fosa común en Chalchuapa ha sumido al régimen de Bukele en la irracionalidad y la insensatez. La angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos constituyen, en sí mismos, un argumento contundente. Negar las desapariciones, silenciarlas o atribuirlas a una prensa irresponsable no hace más seguro al país. A medida que pasa el tiempo, el muro que resguarda el mundo fantástico de Casa Presidencial muestra cada vez más fracturas por donde se cuela la realidad. Los asesinatos en serie en Chalchuapa son una prueba más de que el régimen, al igual que sus predecesores, tampoco controla el territorio nacional. Los homicidios han descendido, pero aún son demasiados para la norma internacional. El Gobierno no ha podido detener el éxodo de familias aterrorizadas por las pandillas, ni las extorsiones, ni las desapariciones, ni las sepulturas clandestinas. No controla lo que sucede sobre el territorio ni lo que este esconde debajo.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
