Nadie puede negar que hay y ha habido corrupción en El Salvador. La desigualdad económica y social es en buena parte fruto de ella, y la mayoría de la población así lo cree. Por eso “Devuelvan lo robado”, el lema propagandístico de hace dos años, tuvo tanta difusión y éxito. Sin embargo, una cosa es exigir con fines electorales la devolución de lo robado y otra dar los pasos necesarios para recuperar lo sustraído no solo al Estado, sino también a la ciudadanía. Es fácil tildar de ladrones a exfuncionarios de administraciones anteriores; lo difícil es investigar internamente la corrupción. Además, hay privaciones de derechos que constituyen, moralmente, perjuicios semejantes al robo; privaciones que pueden ser causadas tanto por el Estado como por empresarios. Un salario de hambre es una forma de sustraerle al trabajador parte de su derecho a una justa retribución.
El catecismo de la Iglesia católica define con mucha claridad qué entender cuando se habla de robo: “Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas”. Y añade a la lista “la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro” e incluso dañar propiedades privadas o públicas. Todo ello exige que se repare a las víctimas. Y por eso el catecismo dice textualmente lo siguiente: “Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto”.
Devolver lo robado no es una consigna política, sino una exigencia moral y, por supuesto, una obligación legal. La ley de extinción de dominio, promulgada hace algunos años en El Salvador, trata de restituir al Estado lo robado. Pero la legislación es insuficiente para garantizar que se devuelva lo robado en todos los casos en los que moralmente hay obligación de restituir bienes a personas. La supresión de la CICIES es, en este sentido, una mala señal. Si se hicieran públicos los hallazgos del organismo y si el fiscal general iniciara las investigaciones respectivas inmediatamente e imputara delitos a los funcionarios involucrados, se podría pensar que las insensateces del secretario general de la OEA son las que han provocado el cierre de la Comisión. Pero si continúa la actitud servil de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y los señalamientos de la CICIES son ignorados y archivados, habrá razón de sobra para sospechar no solo que existe corrupción gubernamental, sino que se está utilizando al Estado para encubrir un esquema organizado de saqueo de los bienes públicos.
EDITORIAL UCA.
