El presidente Nayib Bukele anunció -al final de la semana pasada- que el Ejecutivo presentará próximamente una propuesta de ley de agua, y otorgó un plazo de 90 días a su bancada legislativa para discutirla y aprobarla.
El sorpresivo anuncio presidencial responde a la crítica ciudadana contra la desidia gubernamental frente a la crisis hídrica y la ausencia de un marco legal que asegure el acceso a agua suficiente y de calidad para toda la población. En vez de aprobarla, los diputados de Bukele mandaron al archivo la propuesta de Ley General de Agua.
Las críticas hacia esa actitud “anti-agua” del oficialismo aumentaron luego que la autodenominada “bancada cyan” se negara a recibir a una comitiva de representantes de la XXI Caminata Ecológica, realizada el pasado 8 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medioambiente.
A inicio de esta semana, la Alianza contra la Privatización del Agua presentó una nueva propuesta ciudadana de ley de agua y pidió abrir un debate democrático y transparente en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, donde pretenden aportar a la discusión desde su conocimiento y experiencia.
Sin embargo, la mayoría oficialista mantiene una absurda actitud de desprecio y prepotencia frente al ofrecimiento de diálogo de la Alianza. El jefe parlamentario de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, dijo que la propuesta responde al interés de partidos opositores; mientras que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, las calificó como “organizaciones de fachada”.
Por el bien del país, el oficialismo debe cambiar de actitud y escuchar, dialogar y elaborar conjuntamente con las organizaciones la mejor ley de agua posible.
En primer lugar, porque las organizaciones no son “fachada”, sino que representan a la población y están integradas por el pueblo. La Alianza contra la Privatización del Agua, al menos, reúne a juntas de agua, organizaciones comunitarias, movimientos ambientalistas, iglesias y universidades, que llevan años luchando y haciendo propuestas sobre el derecho al agua.
Y, en segundo lugar, porque un mejor El Salvador se construirá entre todas y todos. La prepotencia y la soberbia no ayudan, un poco de humildad y sentido de inclusión serían mejor. El bukelismo y sus aliados no deben seguir aprobando leyes inconsultas, en madrugones y de espaldas a la población, como hasta ahora.
Esperemos, pues, que el sentido común, la buena fe y el interés genuino por resolver los problemas nacionales se impongan y, en este sentido, pronto se establezca en la Asamblea una debate franco y bienintencionado entre diputados y organizaciones sociales.
Ojalá que así sea.
(ARPAS)
