Los Diputados oficialistas avalaron que $981 millones de deuda pendiente de adquirir no esté amarrada a acuerdos con multilaterales, sino que puedan buscar otras opciones, aunque estas sean más caras.
Un remiendo sobre otro remiendo. Eso fue lo que recibió ayer el Decreto Legislativo 608, aprobado hace un año por la anterior Asamblea, para permitirle al órgano ejecutivo endeudarse para manejar la pandemia, reformado en diciembre para que pudiera ser usado para cubrir brecha del presupuesto 2021, y remachado ayer por el oficialismo para dejarlo a su gusto.
Hacienda solicitó incluir en el decreto dos artículos que fueron derogados en diciembre del año pasado por la anterior Asamblea, relacionados a que el ministerio pudiera adquirir deuda no solo con préstamos, sino también con títulos valores u otras operaciones financieras.
Asimismo, el ministerio solicitó volver a cambiar los destinos que tenían asignados los $2,000 millones que la Asamblea autorizó al Ejecutivo a adquirir en deuda para atender los efectos de la pandemia por covid-19.
Originalmente, el DL 608 solo establecía que el 70 % de dichos fondos sería entregado al GOES para manejar la pandemia, y el restante 30 % iría dirigido a las alcaldías, para el mismo fin.
A lo largo de 2020, se aprobaron diferentes préstamos haciendo uso de dicho decreto. El viceministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el pasado lunes en la comisión de hacienda un desglose de estos, en los que explicó que ya se usaron $769 millones.
Luego, en diciembre del año pasado, el Ejecutivo —tras de una recomendación de la misma Asamblea— solicitó que los más de $1,200 millones pendientes de obtener en deuda fueran usados para cubrir parte de la brecha del presupuesto 2021.
Así, la legislatura 2018-2021 aprobó dicha medida. Para ello, reformó el DL 608, cambiando el destino de los fondos —ya no solo por efectos de emergencia, sino también agregando para cubrir brecha presupuestaria— y asignando montos a rubros en específico.
Con ello, los $2,000 millones que fueron autorizados se repartirían así: $125 millones para financiar el aumento a la pensión mínima universal, $366 millones para alcaldías, y $1,508 millones para que el GOES usara para emergencia.
De esto, cabe aclarar que el GOES ya había entregado $191.7 millones a alcaldías: $116.7 millones en abril, y otros $75 millones a la fuerza, en agosto, luego de que las alcaldías se enfrentaran a la crisis de los efectos de las tormentas Iota y Eta.
Modificaciones
Sin embargo, el GOES —en su negativa a entregar FODES a las alcaldías y cualquier tipo de fondos— rehusó aplicar la reforma hecha al DL 608. En enero, cuando se hizo efectivo el aumento a la pensión mínima, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya aseguró que la costearían con fondos propios.
Seis meses después de hecha la modificación al decreto, ayer la Asamblea oficialista volvió a retocarlo, para dejarlo al gusto de Casa Presidencial.
Ahora, tras la aprobación que de ayer con 69 votos en el pleno legislativo, los montos quedaron distribuidos así: $191.7 millones para alcaldías —ya entregados; o sea que no habrá más fondos para municipalidades—, y $1,808 millones para que el GOES enfrente la emergencia.
Cabe aclarar que Zelaya fue puntual en decir que esta no es nueva deuda. Es deuda ya aprobada, pero de la que, ahora, el remanente ($981 millones, según el ministro) será usado al gusto del Ejecutivo.
Además, el ministro defendió el recuperar artículos para tener más opciones que solo préstamos con multilaterales para adquirir deuda. «Son las mismas facultades que han tenido todos los ministros de Hacienda. La prioridad es contratar con multilaterales, porque nos ofrecen interés mucho menor, pero esas operaciones no siempre están disponibles».
Precisamente ese tema fue uno de los cuestionamientos de la oposición ante las reformas aprobadas ayer por el oficialismo. La diputada Anabel Belloso (FMLN) explicó que se aprobó la restricción para que solo pudieran contratarse deuda con multilaterales porque son las que ofrecen mejores condiciones de préstamo.
Según la legisladora, habilitar la contratación de deuda con otras operaciones financieras podría complicar más las finanzas del país debido a la crisis que se vive por las decisiones de la Asamblea .
«Hay que recordar la colocación de títulos valores de junio del año pasado, con tasa de interés de 9.5 %. La más alta de nuestra historia. Nunca habíamos tenido deuda tan cara como esa», recordó.
«Se puede volver a dar, sobre todo en un contexto donde el riesgo país es mayor. Tenemos inestabilidad política luego del golpe que esta Asamblea dio al colocar a una Sala bukelista, y el tema del bitcóin que no puede quedar de lado», agregó.
Por su parte, tanto ARENA y PCN cuestionaron que el GOES quitara los destinos de los montos pendientes de obtener. Reynaldo Cardoza (PCN) aseguró que, de dejarlo así, tendrán que ir a la Asamblea cada vez que consigan nueva deuda.
«En los decretos tiene que decirse dónde va el dinero. No se puede esconder, tiene que aparecer obligatoriamente. Estos $1,808 millones si se dejan como ‘manejo de emergencia’, tiene que venir a la Asamblea para que los distribuya», apuntó.
Por su parte, René Portillo Cuadra (ARENA) apuntó, también, que los montos deben quedar bien definidos. «Hemos decidido no acompañar más préstamos para no encarecer el costo de la vida ni la canasta básica».
Tomado de El Economista.
