El Ejecutivo presentó al final de la semana pasada la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos. La iniciativa llega una semana después de que la Alianza contra la Privatización del Agua presentara una nueva propuesta ciudadana y un mes después de que la bancada oficialista mandara al archivo la propuesta de Ley General de Agua.
Presionado por la creciente crítica contra la indiferencia oficialista frente la crisis hídrica, el desplante de la “bancada cyan” hacia la XXI Caminata Ecológica y la negativa de recibir la nueva propuesta de las organizaciones, el presidente Nayib Bukele anunció la semana pasada que enviaría su propia propuesta y hasta dio un plazo de noventa días a la Asamblea Legislativa para aprobarla.
Así que enhorabuena, la presentación de la propuesta gubernamental es positiva. También es bueno que el presidente legislativo Ernesto Castro diga que escucharán a todos los sectores y que aprobarán una ley que asegure el agua como derecho, la gestión totalmente pública y el enfoque de protección por cuencas, tres de los “cinco puntos no negociables” de las organizaciones a las que hace solo una semana el diputado de Nuevas Ideas consideraba “grupos de fachada” afines a la oposición política.
Todo esto es resultado de la incidencia y presión de las organizaciones comunitarias, ambientalistas y religiosas que no las detuvo la indiferencia, la prepotencia y las descalificaciones burdas del oficialismo.
Pero ahora tienen la tarea de asegurar que la ley que se apruebe sea realmente la que se necesita para revertir el grave deterioro de los bienes hídricos y cumplir con el derecho de toda la población al agua suficiente y de calidad. La acción inmediata es revisar detenidamente la propuesta gubernamental y proponer cambios en aquellos puntos que contradigan la perspectiva de derecho, gestión pública, protección de cuencas, participación ciudadana y un sistema de cobros justo.
Es momento de que todo el movimiento popular cierre filas alrededor de las organizaciones aglutinadas en la Alianza y el Foro del Agua (que desde hace más de quince años viene proponiendo propuestas de ley de agua) y con éstas todos los sectores progresistas, democráticos y la población en general. Solo eso podrá asegurar que una asamblea títere de una presidente populista, intransparente y autoritario apruebe la normativa que realmente el país necesita.
Ojalá que así sea.
(ARPAS)