Los derechos humanos son no solo una ética que asegura la convivencia pacífica, sino también un camino de desarrollo humanizante y fraterno. Pese a ello, en nuestra caso, la tendencia gubernamental a despreciarlos viene de lejos. A lo largo de los años, El Salvador ha recibido toda una serie de recomendaciones por parte de las agencias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitan cumplir estándares ratificados vía pacto o convenio internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA presentó recientemente una investigación sobre el incumplimiento sistemático de dichas recomendaciones. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó nuestro país en 2018 y dejó 51 recomendaciones al Estado salvadoreño, de las cuales solamente el 11% se han cumplido parcial o totalmente.
De las más de 100 recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal realizado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solamente se ha cumplido una quinta parte de ellas; una suerte parecida han tenido las más de 40 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo a El Salvador tras su visita a finales de 2019. En un nuevo ciclo del Examen Periódico Universal, ya en los años 2019-2020, el Estado aceptó 159 de las 207 recomendaciones que el Consejo le presentó; entre ellas, mejorar el marco legal salvadoreño tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. En este marco, el evidente deterioro de la institucionalidad democrática y el retiro de legislación ya avanzada en temas de derechos humanos desnudan la despreocupación oficial ante las recomendaciones internacionales.
Este comportamiento conduce al descrédito en la escena global, por más que la maquinaria propagandística del Gobierno se esfuerce en presentar un panorama diferente. El respeto a los derechos humanos es un principio que la comunidad internacional impulsa a todo nivel. El desconocimiento de la normativa sobre el tema y el desdén a la misma no solo muestra una enorme pobreza democrática e intelectual, sino que además ubica al país en inferioridad de condiciones frente a naciones que entienden la importancia fundamental de los derechos humanos y son consecuentes en la práctica con ello. Comprometerse solo de manera propagandística con el respeto a los derechos humanos, incumpliéndolos o desdeñándolos en el día a día, solo llevará en el mediano plazo a una mayor división y deterioro social del que el país ha sufrido en el pasado.
Así como un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se opuso antes a la extradición de los militares acusados de la masacre en la UCA, hoy la Sala de lo Constitucional impuesta ilegalmente se opone a la extradición de un pandillero acusado de asesinato. Ello muestra el deterioro radical del pensamiento y el accionar jurídicos. No por casualidad ha desaparecido de la propaganda oficial la expresión “los mismos de siempre”: los viejos vicios continúan activos, sin que haya ninguna diferencia entre las nuevas caras y las “de siempre”.
EDITORIAL UCA.
