Por: Eleonora Pagnotta
En Italia, el 4 de noviembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de ley presentada por el diputado Alessandro Zan, la cual establece medidas de prevención y contraste a la discriminación basada en el sexo, el género, la preferencia sexual y la discapacidad, modificando el ya existente artículo 604 del Codigo Penal que prevee la condena de la discriminación basada en motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos.
Además, con la promulgación de ley, se proclamaría el 17 de mayo como el Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, lo cual implicaría promover la cultura del respeto y la inclusión, además de la lucha contra los prejuicios, las discriminaciones y la violencia a través de iniciativas de sensibilización en escuelas e instituciones. El pasado 17 de junio monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado Vaticana, entregó a la embajada italiana de la Santa Sede una “nota verbal” diplomática, en la cual expresaba ciertas preocupaciones con respecto a la ley Zan, “solicitando una revisión del texto” con base en que, unos contenidos de la misma violarían algunos derechos de los católicos y reducirían la libertad de expresión garantizada a la Iglesia Católica por los Acuerdos de Letrán de 1926 (posteriormente ratificados con el Concordato Estado-Iglesia de 1984).
Entre otras cosas, la Iglesia teme que las posturas evidentemente homofóbicas de algunos sacerdotes o miembros de la Iglesia expresadas públicamente, podrían ser perseguidas en consecuencia de la promulgación de la ley Zan.
No resulta extraño que muchos hablen de injerencia inaceptable en la vida política italiana, aunque algunos políticos de derecha, como el líder de la Liga Matteo Salvini, hayan expresado abiertamente su apoyo al Vaticano. Unos cuantos días después, el 23 de junio, el primer ministro italiano Mario Draghi aclaró: «El nuestro es un Estado laico, el Parlamento es libre de discutir, no somos un Estado confesional”.
A distancia de dos días, el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin intervino explicando las razones de la iniciativa vaticana y, argumentando que la nota verbal es una tipología de documento utilizado para comunicar internamente, no pensado para publicarse.
Parolin aclaró la posición de la Santa Sede, subrayando que no existe ninguna intención de contrarrestar la ley Zan, sino que las preocupaciones de la Iglesia están relacionadas con las posibles interpretaciones de la misma: el concepto de discriminación necesitaría una clara definición, sin la cual se corre el riesgo de que por ejemplo, una posible distinción entre hombre y mujer, sea perseguible por la ley. Hay que evitar todo eso.
Más allá del debate ideológico, queda claro que los recientes acontecimientos evidencian los precarios equilibrios internos al mundo católico, entre una facción “bergogliana” más conciliadora y otra facción más conservadora y que defiende una postura de radical oposición a la ley Zan
Como se puede notar, hay mucho en juego. El debate merece la atención de los estudiosos interesados en indagar y profundizar las peculiares dinámicas del campo político-religioso italiano.
