En un video filtrado y difundido en redes sociales, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, afirma que está “tomando medidas” para impedir el acceso de periodistas y medios de comunicación a las escuelas públicas.
Se trata -según dicha funcionaria- de una medida de “protección de la dignidad de estudiantes y profesores”, y que ni siquiera por el hecho de ser centros de educación pública se justifica el ingreso de periodistas.
La postura de la ministra es extraña, ya que el ingreso de medios a las escuelas es siempre autorizada por su director o directora y se realiza acatando los protocolos y procedimientos establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).
¿Cuál sería, entonces, la motivación real de esta funcionaria para impedir la entrada de periodistas y medios a los centros escolares? ¿Acaso le molesta que informen sobre el deplorable estado de muchas escuelas y las condiciones inadecuadas en las que estudiantes y profesores se desenvuelven?
La reprobable actitud “anti periodistas y medios” de la titular de Educación vulnera la libertad de prensa y la labor periodística, afecta la libertad de expresión de estudiantes y maestros que denuncian problemas en las escuelas y violenta el acceso a la información pública de la población que tiene derecho a saber sobre la situación de los centros escolares.
La postura de la ministra también atenta contra el principio de transparencia y rendición de cuentas porque se trata de escuelas que funcionan con fondos públicos, y se suma a la práctica generalizada del actual gobierno de ocultar información y actuar en la opacidad de espaldas a la ciudadanía.
Ojalá que el gremio periodístico, los medios de comunicación y la ciudadanía democrática repudien los bloqueos de la ministra de Educación al trabajo informativo sobre la situación de las escuelas públicas y que rechacen el creciente deterioro del acceso a la información en las distintas instancias del Ejecutivo y demás instituciones estatales tomadas por el oficialismo.
Sólo la crítica y la presión ciudadana podrían revertir este grave retroceso democrático en el país.
(ARPAS)
