Por: María Cristina Manzano-Munguía*
Pensando sobre el “descubrimiento” de los restos óseos de 215 infantes en el lugar conocido como Kamploops Indian Residential School en Kamploops, British Columbia me recuerda y concuerdo con lo señalado por Jacobs (2021): este hallazgo debe ser investigado como un crimen contra la humanidad. El cual debe incluir a los responsables tanto a nivel gubernamental (el Estado Canadiense) como las diferentes denominaciones eclesiásticas católicas y protestantes.
Por lo cual el juicio debe llevarse a cabo en una Corte Internacional por Crímenes contra la Humanidad. Más aún, el 27 de junio en La Escuela Residencial Indígena Marieval en la Primera Nación Cowessess en Saskatchewan encontraron otros 751 restos humanos y para el 30 de junio otros 182 fueron descubiertos en la escuela conocida como la Mision de St. Eugene en British Columbia.
Este es el inicio de un gran número de niños indígenas que murieron como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno Canadiense para decimar esta población a través del tiempo. Lo cual no se logró a pesar del creciente número de decesos de los niños que de manera compulsiva residieron en estas escuelas a lo largo y ancho del territorio denominado Canadá. Siete generaciones adelante y siete generaciones atrás han sido y serán afectadas psicológica, física, mental y espiritualmente con el genocidio que se visibiliza y clama justicia.
Cabe resaltar que la última escuela residencial cerró sus puertas en 1996 la que estaba ubicada en Inuvik denominada Grollier Hall (adscrita a la Diócesis de la Iglesia Católica y dirigida por dos congregaciones religiosas: los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y las Monjas Grises) en los Territorios del Noroeste (Dusen, 2020).
Aquí además de concordar con Jacbos, académica de la Universidad de Windsor y representante de la comunidad de Six Nations del Territorio del Río Grande y Kanienkehaka (Mohawk) del clan oso, me interesa elaborar la lógica bajo la cual se crearon las escuelas residenciales incluyendo las piezas de legislación como en las políticas que fueron mandatorias en las diferentes provincias del Canadá.
En otro trabajo he argumentado cómo la legislación Indígena del Canadá (Indian Act 1876 y sus numerosas enmiendas) va de la mano con las políticas que se implementaron en el país a lo largo del siglo XIX y XX (ver Manzano-Munguía 2011).
Aquí me interesa resaltar algunos puntos que podrán ilustrar el escenario que se vivió en aquélla época y que sigue presente en las políticas públicas del gobierno Canadiense hacia la población Aborigen, aún con el reconocimiento de los derechos de los Aborígenes en la Constitución del Canadá en 1982 como lo estipuló el Charter of Rights and Freedoms en donde sus derechos están “protegidos” por otras provisiones del Charter, en particular las secciones del 1 al 15 y 25
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982).
Una de las políticas del departamento de asuntos Indígenas del Canadá (Department of Indian Affairs) tenía como meta asimilar al Indígena y eran vistos como “incivilizados” y que no cumplían con las tres “cualidades Victorianas de cortesía”: orden, maneras, e industria (Francis 1998: 57; Tobias 1983: 40-41).
La iniciativa civilizatoria, incluyendo las políticas de asimilación, persistieron durante el siglo XIX y XX aunque con rechazo por parte de las tribus de Indígenas (see Miller 2004; Milloy 1983; Trigger 1985).
Las políticas de asimilación y civilización fueron de manera no oficial y oficialmente implementadas por los misioneros Cristianos, maestros, instructores, hermanos afiliados a las congregaciones, y agentes del estado quienes tenían como proyecto de ingeniería social el de transformer a los Indígenas como “miembros de la sociedad” (Surtees 1988: 88; see also Rogers 1994).
Entonces un “Indígena Inglés” podría concebirse a través de la asimiliación y en 1883 Ottawa anunció la política educativa de crear las escuelas industriales para los estudiantes Indígenas en Canadá (Miller 2004: 182). Por lo que la legislación en los próximos 50 años reflejó tal política que la implementó de manera compulsiva el asistir a las escuelas industriales o internados (ver The Indian Act of S.C. 1894 c.32 s. 11 ss. 137). Como Leslie and Maguire (1978: 71) mencionan: la finalidad era “avanzar hacia los Indígenas del Noroeste ha través del establecimiento de las “granjas modelo” y de las escuelas industriales para enseñar las técnicas de agricultural o de habilidades mecánicas” (ver también a Tobias 1983: 45).
Inicialmente las escuelas industriales del sistema educativo fue implementado en la región de las Grandes Planicies (Manitoba, Saskatchewan y Alberta) seguido por Ontario y la Columbia Británica. Este sistema educativo fue fundado por el Departamento de Asuntos Indígenas (Department of Indian Affairs), una dependencia del servicio civil creado en 1880 (Tobias 1983: 45), y estas escuelas operaban por los misioneros de las diferentes entidades religiosas como los Jesuitas, Metodistas, Presbiterianos, Oblates, las Monjas Grises, Las Hermanas de Santa Ana, y las Hermanas de la Caridad entre otras.
En estas escuelas se les enseñaba las habilidades técnicas y manuales para formar a los niños Indígenas como carpintero, herrero, zapatero, y agricultor. Como contraste, las niñas aprendían las labores domésticas relacionadas con el manejo de una casa o unidad doméstica (Miller 2004: 182-83). Para 1920 existían 8 escuelas industriales y de internados en todo el país y para 1923 ambos tipos de escuelas fueron amalgamadas bajo un mismo techo y se les nombróel sistema de escuelas residenciales (Miller 2004: 183).
Esta política fue denominada “de la Biblia y arado”, como Miller (2004: 183) correctamente señala aunque enfrentó resistencia por parte de los padres y de los infantes (ver Assembly of First Nations 1994; Milloy 1999)
La banda White Bear en Saskatchewan, incluyendo otras bandas en Canadá, resistieron a los misioneros de las escuelas al prácticar sus tradiciones y sus hijos en lugar de atender las escuelas residenciales (Miller 2004: 187; Nichols 1998: 226-227). En otros casos, los niños escapaban de las escuelas residenciales (Miller 2004: 118).
Esta política fue impugnada por los Indígenas que no sólo resistieron pero al mismo tiempo, significó un reavivamiento de las tradiciones e identidad Indígenas en donde el sedentarismo ya no se impuso porque seguían y siguen siendo nómadas (see Darnell and Manzano-Munguía, 2005; Nichols 1998: 295; Surtees 1988: 93
El sistema de las escuelas residenciales fue un proyecto del estado que falló en incluir el conocimiento desde abajo para su implementación. De ahí el devastador efecto ya que muchas de las políticas para su implementación y el sostenimiento se basó en decimar a la población indígena desde temprana edad (see Miller 2004; Milloy 1999).
En el 2007 el Primer Ministro Canadiense Stephen Harper emitió de manera oficial una disculpa a nombre del gobierno de Canadá a todos aquéllos que fueron afectados por el maltrato psicológico (la imposibilidad de comunicarse con sus familares o padres en su lengua materna, visitarlos o incluso practicar sus tradiciones en la escuela), abuso sexual (violaciones), violencia física y emocional (castigos físicos y emocionales) así como falta de servicios de salud y de alimentación (muchos morían de tuberculosis o de enfermedades causadas por desnutrición y agotamiento). Como lo he mencionado, los sobrevivientes de las escuelas residenciales no sólo vivieron abuso sexual, mental, spiritual y físico sino también fueron desarraigados del seno familiar y negadas sus prácticas culturales y de su lengua (Ljunggren 2008).
Referencias
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Canada
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En Canadian Broadcasting Corporation News (CBC) Accesado 4 de julio 2021.
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Accessed July 4 2021-07-05
www.theconversation.com/indigenous-lawyer-investigate-discovery-of-215-childrens-graves-in-kamploops-as-a-crime-against-humanity-161941
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Manzano-Munguía, María Cristina.
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*Profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
