Desde que Manuel Castells acuñó el término “era de la información”en la década de los noventa del siglo pasado, el mundo tomó conciencia de que el planeta se adentraba en una nueva etapa de su historia llamada también por algunos “era digital” y por otros “era de la informática”. En el fondo estos términos denotan que vivimos en un tiempo en que el movimiento de la información se volvió más rápido que el movimiento físico, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
La cuestión es que en pleno siglo XXI el acceso a la información se considera un recurso indispensable para el ejercicio de varios derechos humanos. Las personas necesitan información, desde para saber a qué médico acudir hasta para posicionarse ante políticas de gobierno. Hoy en día la información es considerada esencial para una democracia. En nuestro país el derecho de acceso a la información solo fue reconocido hasta la aprobación, en el año 2011, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y, casi dos años después, con la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que aplicara la normativa. En estos pocos años, el derecho de acceso a la información para la ciudadanía y la obligación de transparentar dicha información por parte de las instancias públicas, con sus más y sus menos, se fue posicionando en el país de tal manera que la rendición de cuentas comenzó a formar parte del vocabulario cotidiano, hasta que comenzó la administración de Nayib Bukele.
El presidente vende ilusiones de cambio que entusiasman a muchos, pero en la realidad gobierna superando los vicios más rancios de la vieja política. La transparencia es el principal antídoto contra la corrupción y su aliado fundamental es el ocultamiento de información. Bukele ha optado, descaradamente, por lo segundo. En sus monólogos, el presidente evita siempre hablar de la opacidad de su gobierno. Su retórica habla de luchar contra la corrupción, pero cierra los ojos a los señalamientos de su administración. A pesar de sus promesas de campaña de tener a un comisionado especial para que investigue la corrupción en su gobierno y de meter él mismo a la cárcel al funcionario que robara, ha actuado en sentido inverso: no ha levantado un dedo contra los protagonistas de los numerosos señalamientos de corrupción que fueron revelados por el periodismo de investigación, la CICIES y que eran investigados por la anterior Fiscalía General de la República. Incluso ha hecho caso omiso a la Lista Engel.
Bukele persigue los casos de corrupción de sus enemigos políticos, pero tolera la corrupción de sus aliados, condena el nepotismo de sus predecesores, pero avala el suyo propio y el de sus funcionarios. Bukele también dijo que la concentración de todo el poder solo llevaba a la corrupción, pero ha hecho lo mismo. Toda la información que tiene que ver con el manejo de fondos públicos se oculta y el presidente no se da cuenta de que lo que más se esconde es lo que más se muestra de sí mismo. Mientras vende ilusiones y le da dádivas a la población, oculta toda la información y exhibe un frenesí por conseguir más dinero prestado del que seguramente tampoco le dará cuentas a nadie e hipoteca, con consecuencias insospechadas, el futuro del país.
El presidente ya tiene a sus legisladores, a su fiscal y a sus magistrados y tiene moribundo al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tras haber nombrado a comisionados que, en realidad, trabajan para ocultar la información oficial. Las propuestas de reformas a la LAIP de esta semana representan la muerte en vida del Instituto. Las reformas establecen que la información oficiosa, es decir, la que por obligación debían transparentar las instituciones públicas, ahora será reservada. Además, la propuesta de reformas le otorga más poderes al presidente del Instituto siendo de dominio público que es persona fiel al presidente de la República. También se declara como información reservada las declaraciones patrimoniales que los funcionarios están obligados a hacer públicas cuando comienzan y cuando terminan su gestión e impiden a organizaciones de la sociedad civil presentar candidatos y candidatas para comisionados del IAIP.
En pocas palabras, lo más grave no es solo que se haga inservible el Instituto, sino que se le quita el derecho a la ciudadanía a conocer toda la información que tenga que ver con el manejo de recursos públicos. En suma, esta propuesta es la última estocada que permite ocultar la corrupción. Si el principal estribillo del presidente es que todo lo que hace “es por voluntad popular” y para beneficio de la población ¿En qué puede beneficiar a la ciudadanía que se oculte toda la información? La paradoja de hacer lo mismo de siempre y seguir entonando el discurso de ser diferente desnuda la realidad de un gobierno que se encamina a superar todos los récords de latrocinio del Estado salvadoreño.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 53.
