El banco de capital EMFI señala que la nacionalización del sistema es una «posibilidad real» en el país.
Por Irma Cantizzano/ Leonel Ibarra.
La anunciada reforma previsional en El Salvador, de la cual se habla desde el año pasado y que hoy ya está anunciada hasta en mupis del Gobierno, pero de la que aun no se tienen detalles oficiales, podría implicar una reestatización del sistema de pensiones, señala un informe del banco de inversión EMFI.
«El presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro anunció una reforma integral en mayo de 2021. El contenido aún se desconoce, pero las declaraciones de campaña de Nayib Bukele en 2019, así como las del ministro de Hacienda, sugieren una reestatización del sistema. Está claro que el objetivo es fundamentalmente fiscal y confiscatorio», recalca el banco inglés.
El sistema previsional salvadoreño tenía hasta junio, un capital de $12,188.4 millones, de los cuales $7,000 millones se invierten en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para que el Gobierno pague mediante los Certificado de Inversión Previsional (CIP) las pensiones del antiguo sistema (INPEP e ISSS); unos $2,300 millones están invertidos en eurobonos y otros valores gubernamentales. Así, EMFI señala que los $2,800 millones restantes se destinarían a financiar el déficit fiscal del país.
De darse así esta reforma, los CIP ya no se registrarían en la deuda pública, y así contablemente la deuda previsional, que es alrededor de un 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) por lo que después de tener una deuda pública que supera el 90 % del PIB esta bajaría al 70 %.
Pero esto no eliminaría la responsabilidad del gobierno como garante de las pensiones. «En realidad, el Gobierno seguiría adeudando a los trabajadores sus pensiones, incluso si ya no está registradas en los ratios oficiales de endeudamiento. Esto mejoraría artificialmente los indicadores de finanzas públicas, pero no resuelve la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones», señala el documento.
Para EMFI esto no resuelve el problema subyacente, ya que la caída en «los ratios de endeudamiento sería solo cosmética, pero el Gobierno podría beneficiarse de hacerse cargo de los activos de pensiones privadas en el corto plazo, equivalentes a $2,800 millones».
Reforma integral
En marzo, después que se oficializara la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo de servicio ampliado, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dijo en una entrevista televisiva que la reforma previsional que harían tendría tres ejes fundamentales: «beneficiar en un primer momento a los cotizantes, en un segundo momento al Estado y en un tercer momento a los actores que pudieran estar administrando los fondos de pensiones».
Además, detalla EMFI, el Gobierno también busca subir las pensiones mínimas, «por lo que es posible que la reforma dejaría las finanzas públicas en el peor de los dos mundos: la estatización del sistema de pensiones sin reducir el déficit del Gobierno».
Para el banco la insostenibilidad del sistema solo se resolvería si se dan cambios en la edad de jubilación y la tasa de cotización.
Para René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) el sistema de pensiones en el país debe centrarse en favorecer a los afiliados, asegurándoles mejores pensiones y un acceso más amplio a la población de los beneficios de la seguridad social.
«Hasta el momento, no conocemos la propuesta oficial, pero, desde nuestra perspectiva, una reforma integral debería enfocarse en cumplir al menos tres objetivos: incrementar el monto de las pensiones, fortalecer y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y tomar medidas para aumentar la cobertura de la seguridad social en el país», dijo.
Para el representante de las AFP todo cambio en la Ley debería pasar por un proceso de evaluación técnica y de consideración de los impactos en el corto, mediano y largo plazo.
Hasta la fecha los actores del mercado desconocen las medidas que se discuten en esta reforma. Carlos Pérez, representante de los trabajadores en el Comité de Riesgo de Pensiones, aseguró que no cuentan con nada de información sobre estos cambios.
«En la sesión del comité que tuvimos hace un mes quise que se hablara, pero no hubo forma. Todos sabemos que es necesaria una reforma de pensiones porque el valor es bajo, el peso de la deuda previsional es alto y debería ser posible que se suavice ese servicio en el mediano y largo plazo», dijo.
Para el economista ya se había analizado desde 2017 hacer una AFP pública o la nacionalización. «Hay que ver cuáles son los objetivos reales del Gobierno. Suponiendo que se nacionalice y vuelva a la administración pública eso sería un alivio enorme a la deuda porque el 80 % está colocado en CIP y eurobonos, al hacer el proceso esa deuda queda amortizada automáticamente y el saldo bajaría en 30 puntos del PIB, además del ahorro anual en intereses», dijo.
Aunque detalló que es necesario una reforma paramétrica para garantizar mejoras a los cotizantes y hacer otros ajustes para no volver a los errores anteriores que el Estado siga subsidiando al sistema.
Fuente: El Economista.
