Algunos piensan que estamos llenos de malas señales, y no les falta razón. Tal vez se equivocan cuando piensan que antes era mucho mejor y que el presente no tiene nada que ver con ese pasado. Pero más que discutir ese tema, es importante continuar observando las señales que indican si avanzamos, estamos estancados o retrocedemos. Y al observarlas, analizar sus posibles interacciones. En este contexto, creo que es bueno reflexionar sobre el derecho a la vida, porque los datos están comenzando a indicarnos un repunte de homicidios y muertes violentas no casual y momentáneo, sino persistente en el tiempo. En efecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA ha lanzado una alerta al documentar un crecimiento en las violencias homicida, feminicida y sexual, y en la desaparición de personas. Si en el primer trimestre de este año habíamos observado ya un leve aumento, en el segundo la tendencia al alza se consolida.
Efectivamente, en 2021, “entre enero y junio se contabilizan un total de 689 víctimas de muertes violentas”, nos dice el Observatorio. Se refleja ahí un aumento de casi cien víctimas mortales sobre el primer semestre de 2020, que registró 596 víctimas mortales. Si además contabilizáramos los cadáveres aparecidos en las fosas de Chalchuapa, la diferencia superaría el centenar. Las autoridades, además, han comenzado a maquillar los datos de homicidios. Sin ninguna razón técnica, los restos de personas asesinadas y encontrados en avanzado estado de descomposición se están catalogando ahora como “osamentas”, no como homicidios. El hecho de que el número de cadáveres enterrados en Chalchuapa haya estado sumido en el silencio oficial o en la negativa a la información durante bastante tiempo refleja ese afán de maquillar los datos.
Mientras esto ocurre con los asesinatos del presente, la misma tendencia al maquillaje se ha comenzado a dar con respecto a los crímenes de la guerra. Mientras en el caso de la masacre en El Mozote existen dificultades claramente impulsadas desde el Estado y otros casos, como el de la masacre en la UCA, sufren parálisis causadas por funcionarios judiciales o fiscales corruptos, la Fiscalía presenta la detención de algunos soldados de base por una pequeña masacre de 1981 como un signo evidente de la buena voluntad y el deseo fiscal de hacer justicia. Recientemente, la Fiscalía ha estado tratando de cooperar lo menos posible en el caso de la matanza de estudiantes de la UES, reclamado por diversas instancias, y tiene engavetados más de 70 casos presentados desde hace años, muchos de ellos con suficientes datos como para al menos iniciar interrogatorios, cuando no acusaciones.
Al comenzar este artículo iniciábamos hablando de malas señales. Y eso son los datos ofrecidos. Si al principio del actual Gobierno pudimos ver, incluso con sorpresa y agrado, un radical descenso de los homicidios y otros crímenes semejantes, hoy los datos nos hablan de un agotamiento de los planes gubernamentales. La no solución de problemas estructurales del país; el empantanamiento en temas tan clave como la educación; la corrupción en la justicia, aumentada tras las destituciones ilegales de magistrados; y la crisis económica y algunas propuestas como la del bitcoin, que ensombrecen más el futuro, están dejando sin aliento las medidas, sean las que fueran, que habían logrado reducir algunos de los crímenes más graves o dar un poco más de esperanza en la solución de casos tanto del presente como del pasado.
Los problemas estructurales y la selección de buenos funcionarios o se abordan como parte de un proyecto común en el que el diálogo y la participación de diversos criterios tiene un alto protagonismo, o simplemente se fracasa a la hora de encontrar soluciones. Y el Gobierno, a pesar de su vasta influencia y peso en la vida nacional, no ha acertado a encontrar caminos eficaces y positivos de diálogo. Y eso repercute en el ánimo de las personas y de los grupos sociales. El odio en las redes, la polarización en la política, la propaganda exagerada y el maquillaje de la realidad producen cansancio, desmoralización y violencia. El aumento de crímenes que creíamos entrarían en un proceso de reducción permanente nos muestra, entre otras cosas, el fracaso gubernamental de lograr acuerdos racionales en muy diversos temas.
* José María Tojeira, director del Idhuca.
