El Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, acompañado del Director General de Centros Penales, Marco Tulio Lima y funcionarios de Gobierno, realizaron esta semana un recorrido en la Granja Penitenciaria de Santa Ana, con el objetivo de visibilizar el trabajo de rehabilitación y reinserción en beneficio de los privados de libertad.
La obra tiene una inversión en infraestructura que asciende a $5,926,709.09 con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En octubre del año pasado, el vicemandatario realizó una visita a la granja penal con motivo de verificar la remodelación que se estaba haciendo en la ampliación de la nave norte del centro penal. Las mejoras se realizaron con el objetivo contribuir a reducir el hacinamiento carcelario, la capacidad instalada es de 2,160 espacios para privados de libertad en fase de confianza y a la vez de generar hábitos de trabajo y promover la rehabilitación y reinserción de la población reclusa.
La Granja cuenta con 5 manzanas de terreno, donde los internos realizan trabajos agrícolas, en talleres de estructuras metálicas, de construcción, trabajos comunitarios en la zona y otras actividades productivas. Asimismo, cuenta con oficinas centrales, área de clínica, de seguridad, de tutoría para internos, dormitorios, comedor, cancha de fútbol y básquetbol.
En el marco del Plan 10 la Dirección General de Centros Penales DGCP ha fortalecido el Modelo de Gestión Penitenciaria Yo Cambio realizando diversas acciones entre las que se encuentran: reparación de escuelas, pupitres, limpieza de playas, parques turísticos, en mejoras y mantenimiento de hospitales, de esta forma los internos compensan con trabajo su pena, construyendo de esta forma una sociedad mejor.
El Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, trabaja por dejarle al país un sistema moderno, seguro pero sobre todo rehabilitante. La Dirección General trabaja en una reingeniería penitenciaria acorde a la Ley.
Con la habilitación de la Granja en abril del 2012, se está cumpliendo el mandato constitucional que en su artículo 27 expresa: el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.
