La legislación existente en los estados no es una arbitrariedad, responde a un arreglo entre partes, a un contrato celebrado socialmente y que entre otros determina las reglas del juego con el que todos nos comprometemos, fijando derechos y deberes, y por supuesto alcances; para que sean estas efectivas debe además cumplir elementales condiciones, una de las cuales es que las reglas nos apliquen a todos por igual.
Por: Miguel A. Saavedra
Cuando tal condición no se cumple, o se cumple a medias o es arbitraria en su aplicación de parte de quienes deben asegurarla, da lugar a conflictos sociales, que si pusiste atención en la escuela se suceden en nuestro país con una periodicidad que gira entre los 15 y 40 años, con las consecuentes pérdidas en vidas que ello supone, la última de las cuales fuera la guerra civil que enfrentáramos como país en la década de los 80’s y que se saldara con 70, 000 víctimas reconocidas, cuando en realidad la cifra debe rondar el doble.
Entonces las reglas a las cuales nos referimos, no son un arbitrio, tampoco un sinsentido, existen para regular entre otros lo que, como ciudadanos o funcionarios, según sea el caso, podamos y debamos hacer.
No podemos, por ejemplo, evadir los impuestos, algo que en el país es incluso un deporte, en particular cuando el evasor y el delusor es miembro de las élites financistas – que en el caso especial de la evasión supone la nada despreciable equivalencia de entre el 11 y el 15% del presupuesto anual de la nación/MINEH-MINEC; y en el caso de la elusión, los Panamá Papers evidencio en 2016 como las trasferencias a los paraísos fiscales son una práctica común, con el propósito de evadir las responsabilidades fiscales de quienes lo practican, y que realizaron de forma masiva en 2009 con el arribo del progresismo al ejecutivo y como medio de sabotaje para impedir financiar al estado salvadoreño por intermedio de las obligaciones fiscales, para así favorecer el retorno del conservadurismo, lo que ubica la delusión en un 18 y el 27% del presupuesto anual de acuerdo a las mismas fuentes – a lo que debemos sumar el nulo esfuerzo de esta o de las administraciones predecesoras para corregirlo, y menos aún implementar la debida reforma tributaria de carácter progresista que necesita el estado salvadoreño.
Entonces ahí tenemos una fuente de tensión social que no solo no se ha abordado del modo debido, que, además, tampoco ahora se abordará, dejando así y de modo perverso, la carga fiscal a los menos favorecidos financieramente.
A esto sumemos el mamotreto de la reelección, como siempre en horas nocturnas, elongando hasta el quiebre a la norma, pero justificándolo futbolísticamente: “…los tiempos cambian…” (CSJ).
No, la norma no puede ya aceptar semejante transgresión, pues no admite esta arbitraria interpretación, promovida desde el actual ejecutivo para satisfacer otro de sus caprichos, que ni Cristiani en su auto elogio promoviera, lo que ya es mucho decir.
Tal quiebre de la norma solo implica una realidad: ¡Ya no es norma!
