A pesar del incremento en los ingresos de Hacienda este año, el endeudamiento estatal sigue al alza, principalmente, por la deuda interna de corto plazo que ha crecido 72 %.
Por Leonel Ibarra.
El saldo de la deuda pública de El Salvador alcanzó, a julio, un total de $23,692 millones, lo que significa un incremento del 8.3 % comparado con el mismo período del año pasado. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), de este saldo total, el 50.9 % (equivalentes a $12,074 millones) corresponden a la Deuda Interna, que presenta un crecimiento del 12.8 % a julio. Los restantes $11,618 millones son de la Deuda Externa.
A juicio de analistas consultados, este nivel de crecimiento de la deuda pública resulta «preocupante» y «exacerbado», sobre todo tomando en cuenta que se ha tenido un comportamiento positivo de los ingresos tributarios, más de lo esperado, lo cual debería hacer creer que en este ejercicio fiscal no iba a tener un repunte de la deuda como fue el año pasado cuando estuvo sometida la economía a una contracción.
En efecto, el Ministerio de Hacienda reporta, a julio de este año, que los ingresos corrientes y contribuciones especiales subieron un 29 % (equivalentes a $827.7 millones) comparado al año pasado y llegaron a los $3,682 millones.
“La deuda pública es más riesgosa y eso ha hecho que no se terminen de colocar todos los montos que se solicitan y con una tasa de interés exagerada para una deuda que se paga como máximo en un año”. Ricardo Castaneda, Economista de ICEFI.
«Es un reflejo que la situación fiscal sigue siendo crítica porque el ritmo de endeudamiento es mayor al del año pasado cuando estaba el contexto de la pandemia y se hizo una expansión del gasto público», opina Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Uno de los factores más preocupantes es el comportamiento de la deuda a corto plazo (pagadera en menos de un año) como son las Letras del Tesoro (LETES) y los Certificados del Tesoro (CETES).
El saldo de la deuda pública en LETES y CETES es de actualmente $2,359.2 millones, lo que significa un incremento del 72 % comparado a los $1,371 millones que se tenía de saldo en julio de 2020.
Rommel Rodríguez, investigador del área Macroeconómica y Desarrollo de FUNDE, dice tajantemente que esto obedece a «un uso indiscriminado de estos instrumentos» que tradicionalmente se usaban para atender problemas de liquidez, pero, ahora, » esto indica que la caja fiscal está complicada».
Además, los expertos señalan que, cada vez, la demanda de estos instrumentos en el mercado de valores es menor a pesar que se está ofreciendo una tasa de interés elevada, que se ha mantenido rondando un 7.5 %.
Este comportamiento está sujeto a los riesgos de un posible impago que ven los compradores locales, que regularmente son los bancos y las administradoras de fondos de pensiones.
Mayor riesgo
Este temor de que el Gobierno de El Salvador no pueda, eventualmente, honrar sus compromisos de deuda también ha alcanzado a los mercados internacionales.
Así, en las últimas semanas, los inversionistas han reaccionado a los sucesos internos que hacen que el país sea percibido como «más riesgoso». Por ejemplo, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) recapitula que el precio del eurobono con vencimiento en el año 2023 descendió 18.1 % del 2 de mayo al 25 de agosto de este año; el que se vence en 2032 cayó 35.9 %; y el precio del que tiene vencimiento en 2035 se redujo 34.4 %.
Estos bonos tenían, al 25 de agosto, una tasa de rendimiento de 10.99 %, 9.68 % y 9.3 %, respectivamente; y al 7 de septiembre (día de la entrada en vigencia de la Ley Bitcóin), la tasa de rendimiento había subido a 14.52 %, 10.49 % y 9.96 %, respectivamente, debido al mayor riesgo.
Además, el indicador del riesgo país, (conocido por sus siglas en inglés, EMBI) ha aumentado del 6.49 el 3 de mayo de 2021, a 9.21 el 11 de agosto.
Al llegar el 7 de septiembre, el EMBI de El Salvador se encontraba en 8.91 y al 27 de septiembre se encontraba en 10.9, uno de los más altos de la región, superando al de Ecuador (8.31) y por encima del de Panamá (1.80), la otra economía dolarizada; el EMBI promedio de Latinoamérica es de 3.63 a la fecha.
“Esta dinámica se puede mantener, pero se está al borde de una situación de riesgo porque se espera una revisión en la calificación del país y la exacerbación del riesgo con la entrada del funcionamiento del bitcóin”. Rommel Rodríguez, investigador de FUNDE.
«En el ámbito macroeconómico, el principal problema que enfrenta El Salvador es una inminente crisis fiscal, la cual se agrava en la medida que se incrementa el gasto público con más deuda. Los gastos desmedidos no solo agudizan el problema fiscal, contagian el sistema financiero, debilitando el marco macroeconómico que sostiene la dolarización y la estabilidad de precios que protege el poder de compra de los hogares. Este panorama se exacerba con la alta incertidumbre que ya existe en el país por el grave deterioro en la institucionalidad democrática», señalaba FUSADES recientemente en un estudio.
Los expertos coinciden en que la situación fiscal del país es apremiante y no hay un plan para ordenar las cuentas y encaminarse a una trayectoria de sostenibilidad de la deuda.
Por ello, se necesita urgentemente una serie de acciones que encaminen a controlar la deuda y el gasto público; y acciones correctivas para que no se llegue a los peores escenarios de crisis fiscal.
Un factor clave será que el Presupuesto General de la Nación de 2022 traiga incorporado los recursos para pagar toda la deuda de corto plazo (porque muchas emisiones son para pagar deuda que se vence) y mostrar las opciones en caso que efectivamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se concrete.
Castaneda prevee que, debido a que no se logrará gran cantidad de financiamiento externo y los límites de la deuda de corto plazo ya se alcanzaron, el ritmo de endeudamiento en lo que resta del año no se aumente. Pero advierte que se observará una contención del gasto en inversión pública, retrasos más grandes en pago de proveedores y en pago de salarios.
Fuente: El Economista.
