Representantes de las Juntas Administradoras Comunitarias de Agua han advertido que están siendo vistas como fuentes de ingresos para el Gobierno.
Las Juntas de Agua nacieron debido a que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, no les proveía del vital líquido y les tocaba caminar grandes distancias para recoger agua de los ríos. Sin embargo, ahora que los proyectos ya están bien establecidos, ANDA quiere tomar posesión de ellos, según narra Rosario Cruz, del cantón Istagua, en San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
En la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos, presentada por el Gobierno y la única que está siendo discutida en la Asamblea Legislativa, no se hace una diferencia entre las Juntas de Agua y las grandes empresas, a las cuales se les otorgará permisos por 15 años para extraer más de 473 millones de litros de agua al año.
Las Juntas de Aguas son administradas por personas de las mismas comunidades, con poco conocimiento técnico y sin un fin lucrativo del agua. Además, las Juntas de Agua reciben un subsidio de energía eléctrica por parte del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, FISDL; y ahora que el Gobierno cerrará esta instancia, las comunidades se quedarán sin este beneficio.
El Gobierno está buscando hacer quebrar a los proyectos de las Juntas de Agua, en detrimento de la población más necesitada del país, según advierte Orlando Aguiluz, presidente de la Asociación de Beneficiados de Agua de la zona Rural de Tonacatepeque, ABASORTO, e integrante de la coordinadora de Juntas de Agua a nivel nacional.
Según datos del Foro del Agua, en el país hay 2,500 juntas de agua rurales y urbanas, que abastecen a más de dos millones de personas.
Han advertido que si sus demandas no son escuchadas y no son incorporadas en la Ley de Recursos Hídricos, se tomarán las calles en protesta, ya que no permitirán que el agua sea privatizada.
