De forma integral, deben analizarse la reforma de pensiones y la economía pública, pues la separación existente, entre ambas entidades, desaparecerá en muy poco tiempo: la economía pública amenaza absorber la privada, como consecuencia de la iliquidez del gobierno y sus gastos, en creciente aumento.
Por: Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Cuatro mensajes envía el anuncio de que los depósitos públicos, ya fueron retirados de la banca privada:
1) el Gobierno no tiene intenciones de honrar sus compromisos de corto plazo, con la banca nacional,
2) el Gobierno, enfrenta crisis de liquidez, ante la imposibilidad de acuerdos con las entidades internacionales y, la falta de claridad y orden en los gastos fiscales para el 2022,
3) existe la posibilidad de una forma de estatización del sistema financiero, a mediano plazo, para favorecer el uso del Bitcoin y
4) la reforma de pensiones tiene por objeto, permitir al Gobierno, utilizar fondos privados, por lo que ya no existe seguridad sobre la propiedad privada, ni la libre contratación.
La primera cuestión a dilucidar en la nueva Ley de pensiones, es la edad para la jubilación, que será de 70 años. ¿Cómo quedan los derechos de los pensionados actuales, menores a esa edad? El derecho a la pensión, es derecho personalísimo (intuito personae) que no puede ser alienado, pero al desaparecer, en el proyecto de Constitución, las garantías individuales, quedará a discrecionalidad del Estado, el derecho a la pensión y su cumplimiento.
La segunda pregunta es sobre la pensión mínima, equiparada con el salario mínimo, sin importar la cantidad ahora asignada o, la aportación hecha, durante la vida laboral, la cual guarda relación con los gastos y forma de vida del pensionado. Así, si la pensión de una persona resulta actualmente superior a la mínima, ¿será disminuida al mínimo, por el principio de solidaridad del nuevo sistema?
La tercera pregunta es: ¿El Estado puede liquidar las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, para repatriar dichos fondos y utilizarlos en los gastos corrientes del Estado? ¿Cuánta será la perdida en dicha venta y, cómo responderá a futuro, a las obligaciones previsionales? ¿Cuál será el impacto económico de la “confusión” (acreedor y deudor se confunden) entre las deudas del Estado, con la banca nacional?
La cuarta pregunta es: ¿Es sostenible en el tiempo, este nuevo sistema de pensiones, si no hay crecimiento de la economía nacional, con una creciente población adulta por jubilarse? ¿Será de 80 años, la jubilación en el futuro? Todo esto nos lleva a una siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo puede resistir una economía que pretende subsidiar la inflación, de manera populista? Sólo dependiendo de los ingresos de la actividad privada, en decrecimiento. ¿Se espera que nos financien otros?
La inversión en Bitcoin, solo favorece a una empresa privada, la cual es subsidiada por el Estado con fondos públicos. La falta de transparencia y corrupción, están llevando al colapso del sistema financiero y al robo, por parte del Estado, de los fondos privados de los pensionados.
Al haber, por falta de liquidez, un colapso de la economía, forzará a aceptar el Bitcoin (o cualquier otra criptomoneda, para evitar el trueque) con el que pagara el Estado, luego de haber drenado los dólares físicos, pues por ahora ya se plantea, el uso del dólar sintético (electrónico), que obligará a la convertibilidad en moneda física, con costo financiero.
Para evitar que el Gobierno del Estado, domine a la población, por medio de la economía, es necesario la manifestación, no de forma cuantitativa, sino cualitativa; solo así, podrá imponerse ante la masa en la cual, funda el Gobierno, la legitimidad de su dictadura.
