Los abogados de la Sociedad Mercantil “Quimagro S.A. de C.V” pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) secuestrar los libros de la junta directiva del Banco Cuscatlán, además, que la Superintendencia del Sistema Financiero ratifique si la fusión con Scotiabank es legal o no, pues ambas entidades se fusionaron supuestamente de forma indebida bajo el acuerdo de accionista y directores.
Por: Alma Vilches
El abogado penalista, Luis Mario Pérez Bennett, solicitó que la fiscalía investigue los delitos de falsedad ideológica por comisión y omisión, porque el banco publicó los estados financieros de 2021 donde omitieron cuestiones legales sobre la reserva del caso Quimagro. “Queremos que se cite a entrevista a los directivos del Banco Cuscatlán y el Ministerio Público determine si la fusión con Scotiabank es ilegal, con respecto a algunas acciones que al parecer tenían gravámenes. El Banco Cuscatlán tiene un embargo preventivo por $49 millones, esperaríamos que los daños y perjuicios que estime el juez sean por la cuantía que está embargado”, manifestó el abogado.
Según el abogado Nelson García, los delitos que están pidiendo ser investigados es porque dañan los intereses de Quimagro, pues han hecho operaciones irregulares entre ambos bancos, al supuestamente falsear la verdad financiera, así como no cumplir con las obligaciones y responsabilidad de la materia.
“La omisión se debe a que el Banco Cuscatlán no publica la deuda que tiene con Quimagro y esto da una imagen diferente a la que realmente tiene, alterando la verdad en la presentación de sus balances financieros al público usuario y población en general”, sostuvo García.
La falsedad ideológica infringe disposiciones legales que regulan la materia bancaria entre las que destacan violación al Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia del Sistema financiero y Ley de Protección al Consumidor, entre otros, con publicidad engañosa que sorprende la buena fe de la población.
En agosto de 2021 el apoderado legal de Quimagro, José Antonio Vega Castañeda, junto a los abogados penalistas Salvador Nelson García y Luis Mario Pérez Bennett, presentaron ante la FGR un aviso contra Banco Cuscatlán por “falsedad ideológica” y omisión del cumplimiento de su responsabilidad bancaria, al alterar la situación financiera.
El aviso en la FGR fue destinado hacia el cuerpo de funcionarios administrativos y directivos del Banco Cuscatlán, accionistas de nacionalidad hondureña; luego contra ex funcionarios de Scotiabank, ya que ambas entidades se fusionaron indebidamente bajo el acuerdo de accionista y directores.
El 17 de mayo de este año, el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, decretó embargo preventivo contra el Banco Cuscatlán por $49 millones. La batalla entre Quimagro y el Banco de Comercio, ahora Cuscatlán, inició en 1984, dictándose una resolución el 15 de abril de 2013, donde la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa dedicada al rubro de los pesticidas; pero en 2016, la Sala de lo Constitucional mediante una resolución de seguimiento emitió un amparo que anuló dicha resolución.
