El incremento de las desapariciones durante los últimos meses y la repentina subida de los asesinatos la semana pasada, confirman la ineficacia del publicitado “Plan Control Territorial” que contiene la estrategia de seguridad pública del actual gobierno.
Periodistas, analistas y ciudadanos en medios de comunicación y redes sociales -incluso- consideran que el referido “plan” no existe y que es solo un “invento publicitario” de la narrativa oficialista.
Lo cierto es que las desapariciones y homicidios demuestran que quien tiene el control territorial siguen siendo las pandillas, no las autoridades. Esto lo confirmaron el propio Nayib Bukele y sus funcionarios de Seguridad al anunciar la “incursión” de militares y policías a las comunidades donde se registraban los asesinatos. El aumento de las desapariciones y homicidios debería provocar una fuerte movilización social para presionar al gobierno en dos acciones urgentes. La primera es transparentar y rectificar sus acuerdos con las maras, acuerdos que el periodismo investigativo ha demostrado que existen y el gobierno se niega a admitirlos.
Negociar con grupos criminales no es -en principio- bueno ni malo, depende de qué se negocia, cómo se negocia y para qué se negocia. Por ejemplo: el presidente Bukele podría negociar el desarme y la disolución de las maras, tiene la “correlación política y social” para hacerlo si quisiera.
Sin embargo, publicaciones de El Faro revelan que el bukelismo ha negociado con las principales pandillas reducción de asesinatos y apoyo electoral a cambio de beneficios para sus miembros, especialmente para los cabecillas que están presos y los que enfrentan procesos de extradición por crímenes cometidos en Estados Unidos.
Y la otra acción urgente es elaborar e implementar un verdadero plan que incluya medidas referidas a los cuatro componentes centrales de una política integral de seguridad pública: prevención de violencia, represión y persecución del delito, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia.
En este sentido es oportuno el llamado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a “evaluar los planes de seguridad con participación ciudadana”. Ojalá Bukele hiciera a un lado la soberbia, la prepotencia y su afán propagandístico y acatara esta valiosa exhortación.
Un poco de humildad, responsabilidad y actitud de estadista ayudarían al mandatario a convocar a un diálogo nacional por la seguridad, donde participen expertos, académicos, referentes de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales.
Por el bien del país, Bukele debe reconocer que su “Plan Control Territorial” no existe o es ineficiente y, por tanto, debe existir un plan verdadero, eficiente y efectivo.
(Editorial ARPAS)
