La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, solicitó los expedientes en versión pública de 98 jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia, en los puestos vacantes de funcionarios que fueron obligados a salir, luego de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que establece el retiro obligatorio de jueces que cumplan 60 años de edad o tengan 30 años de servicio.
Sin embargo, la información no fue entregada y el argumento que dio la Corte Suprema de Justicia es que no hay aun expedientes en una versión pública, pues los jueces tienen poco tiempo de haber sido juramentados. Para Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, la negación de la información busca ocultar que esta elección se realizó de forma abrupta.
En septiembre, cuando entraron en vigor las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia nombró a los sustitutos de los jueces jubilados o que renunciaron. Para Sandoval este paso es ilegal, ya que se han roto con las normas establecidas, como por ejemplo el solicitar candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura CNJ, tal como indica la ley.
El coordinador de ALAC-FUNDE dijo que podría haber compadrazgos en la Corte Suprema de Justicia, dado que no se conoce ni se quiere hacer público los méritos que tienen los nuevos funcionarios para llegar a ese puesto.
La Corte Suprema de Justicia no solo oculta información profesional de los 98 nuevos jueces, si no que, además, mantiene en secreto el tema de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
