Si algo marca la actual coyuntura es el salto que se está dando en el campo del control de instituciones y personas. A partir de la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, con su aplastante mayoría oficialista, se comenzaron a dar pasos rápidos para controlar otras instituciones estatales. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cayeron rápidamente bajo un control férreo del Gobierno, casi siempre a partir de decisiones o leyes marcadas por la ilegalidad o con serias dudas de su constitucionalidad. Cuando el control de la CSJ no pareció suficiente, se trató también de controlar el sistema judicial en su totalidad con una ley que obliga al retiro de los jueces mayores de 60 años, en franca contradicción con la Convención de los Derechos del Adulto Mayor de la OEA, ratificada por El Salvador hace pocos años.
Este proceso de control de instituciones estatales, aunque no ha terminado del todo, ha dado, en este mes de noviembre, un nuevo salto hacia el control de instituciones privadas, especialmente si son críticas frente al autoritarismo y la arbitrariedad gubernamental, y tienen financiamiento de instituciones o países externos. Para ello se ha presentado la propuesta de una Ley de Agentes Extranjeros. La pésima estructuración de la ley ha forzado a que sea enviada a una comisión de estudio. En efecto, ni se definen bien los términos de la ley ni se establecen procedimientos adecuados. Lo único que destaca en ella es la capacidad del organismo que supervisará su cumplimiento, el Registro de Agentes Extranjeros, que puede determinar arbitrariamente quién es un Agente Extranjero sujeto a su control. Las medidas de presión comienzan con un impuesto del 40 por ciento de los fondos de ayuda donados por países u ONG extranjeras a quienes realicen cualquier tipo de crítica de las políticas o decisiones gubernamentales. Si no se cumplen las normas, las multas y sanciones oscilan desde los 10 mil dólares hasta la supresión de la personería jurídica. No importa que las críticas sean hechas desde la defensa de Derechos Humanos o de derechos ratificados por Convenciones internacionales o, incluso, constitucionales. El Registro de Agentes Extranjeros parece tener, según la ley, la facultad de decidir cuándo los donantes, llamados “mandantes o directores extranjeros”, violan las normas de no intervención entre países, garantizadas por las Naciones Unidas. El Registro también podrá decidir cuándo las instituciones críticas tienen una “influencia en la opinión pública” que dañe “la estabilidad social y política del país”.
Por supuesto las inversiones extranjeras comerciales y la invasión de modas o productos culturales externos no vinculados a una posible incidencia social crítica no están sujetos a esta ley. Lo que se trata de impedir, o al menos controlar, es que en este país nuestro, con sus limitaciones claras en el Estado de Derecho, con sus problemas de corrupción, de daño ecológico o de violaciones de Derechos Humanos, penetre cualquier tipo de ayuda a instituciones que traten de mejorar la situación de las mayorías en el campo de los derechos o critiquen abiertamente los fallos gubernamentales en dicho terreno. No faltan los analistas que ven en este tipo de medidas un tira y afloja con la política norteamericana, crítica con las medidas autoritarias del Gobierno y que ha decidido traspasar la ayuda de Usaid al campo de la sociedad civil. Quizás por eso se le ha dado un compás de espera a la ley, enviándola a una comisión legislativa, en vez de aprobarla con dispensa de trámite, como se ha hecho con otras leyes. Sin embargo, más allá de las motivaciones del Gobierno y de sus obedientes diputados, lo cierto es que esta ley pertenece a la más rancia tradición de leyes de “seguridad nacional”, impulsadas por las dictaduras de antaño y que todavía mantienen algunas dictaduras del entorno.
El tema de fondo es la libertad de expresión. Para enojo y cierta desesperación del Gobierno, los medios periodísticos críticos y algunas instituciones de diferente pensamiento no solo han resistido la manipulación de la realidad que quiere presentar el Gobierno, sino que han superado el acoso gubernamental. Con su pensamiento y crítica, estos medios han comenzado a erosionar el todavía muy amplio apoyo popular del Gobierno. Incluso en las redes sociales, anteriormente patrimonio de troles y funcionarios de Nuevas Ideas, se ha dado un cambio en el que cada vez tiene más fuerza el pensamiento crítico. Conscientes de la erosión creciente de su popularidad, los sectores gubernamentales tratan de golpear las finanzas de medios de comunicación críticos, ONG defensoras de Derechos Humanos e instituciones independientes del Gobierno, claramente alineadas con la defensa del Estado de Derecho. Estas instituciones, muchas de ellas con recursos propios, complementan con frecuencia algunas de sus actividades y proyectos con apoyo financiero internacional. Hacia ellas va dirigida esta ley, según sus redactores, con la finalidad de que “los ciudadanos conozcan a los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública” y, ya de paso, para “promover transparencia sobre la influencia extranjera dentro de El Salvador”. El derrotero autoritario de Nuevas Ideas, la promoción del odio al pensamiento crítico, la irracionalidad arbitraria, el insulto y la violencia verbal de la que hacen gala algunos funcionarios y el cierre sistemático y progresivo del acceso a la información pública, desmienten ese tipo de afirmaciones, teñidas por cierto de un anticuado nacionalismo. El control del poder por todos los medios parece ser el juego. Resistir en la verdad, en la investigación seria de la realidad y en la libertad de información resultan los únicos caminos de defensa del bien común y de una democracia que debe ser participativa e inclusiva.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 70.
