Luego de una amplia consulta en la que participaron jueces de vigilancia penitenciaria y de instrucción, fiscales, representantes de las dos procuradurías, juristas, agentes de investigación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y expertos de la materia, con 71 votos la Asamblea Legislativa aprobó el jueves 16 de agosto un decreto que convierte en permanentes algunas disposiciones para el control de los centros penitenciarios que se encontraban en las “Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión”, que tienen una vigencia temporal y están próxima a vencer en el mes de septiembre.
Ahora, luego de que el mencionado decreto legislativo entre en vigencia, la temporalidad será superada por disposiciones reformas introducidas a la Ley Penitenciaria que permitirá regular y controlar mediante un debido proceso las audiencias virtuales, impedir las comunicaciones en los centros penitenciarios, restringir el traslado de reos, supervisar, controlar y restringir según sea necesario las visitas que podrán tener la presencia de un custodio; trasladar internos a centros de máxima seguridad y en general medidas para mantener el orden y seguridad de los centros penales. Entre las reformas es importante la disposición que la permitirá a los jueces llevar a cabo diligencias sin la presencia del imputado, siempre que esté presente su defensor y se garantice su defensa material.
De igual forma el control de los centros de reclusión será favorecido por atribuciones más amplias que se le otorgan al director del centro penitenciario para la supervisión de internos considerados de alta peligrosidad que puedan ser generadores de actos de desestabilización de dichos centros.
En el ámbito de las autoridades responsables del combate de la delincuencia existe satisfacción por el apoyo legislativo para convertir parte de las medidas extraordinarias en medidas permanentes, las cuales han sido cuidadosamente estudiadas para que al ser aplicadas con todo el rigor de la ley, su efectividad no vulnere el respeto a los derechos humanos y por el contrario se garantice la seguridad de la sociedad salvadoreña.
